El PSOE urge a licitar las Cien Tiendas, una vez rescindido el contrato anterior
La concejala socialista Esmeralda Campos señala que el Consejo Consultivo ha avalado la gestión del anterior gobierno en lo que a la crisis de la remodelación de esta zona comercial se refiere
Para el grupo municipal socialista, el dictamen del Consejo Consultivo con el que el Gobierno local ha aprobado la rescisión del contrato de las obras de las Cien Tiendas «dice claramente que la actuación del anterior equipo de gobierno fue impecable que en todo momento y se siguieron las indicaciones tanto de la dirección de obra como de la Dirección General de Contratación y de los servicios jurídicos de esta casa».
Además, han insistido en que la acción del equipo de Hermoso de Mendoza siempre estuvo basada en informes de los técnicos municipales, en los que también se basa el Consejo Consultivo en su dictamen.
«Como ha quedado demostrado no era necesaria una asistencia técnica para indicar lo que ya decían los informes municipales. Se han perdido siete meses muy valiosos, además de los 18.000€ que costó el informe», han observado.
La concejala Esmeralda Campos ha querido «denunciar el uso político partidista y electoralista que se hizo de este tema por parte del Partido Popular y, en concreto, de quien hoy es alcalde, señor Escobar». «Durante la campaña electoral prometía que tenía la solución mágica para arreglar el desaguisado de las 100 tiendas y, siete meses después, lo único que sabemos es que nos hemos gastado 18.000 euros de los bolsillos de los logroñeses en realizar una asistencia técnica que no era necesaria porque el Consejo Consultivo ha basado su examen su dictamen en los informes de los técnicos de este Ayuntamiento».
En cualquier caso, «ahora ya hay resolución del contrato y la gran pregunta es por qué el equipo de gobierno no licita nuevamente la obra. Ya no hay ningún impedimento administrativo que lo impida», ha alegado la concejala, quien ha insistido en que «no sabemos si es que no es prioritaria la actuación o a qué se está esperando, se está parcheando con medidas puntuales, pero realmente lo que la zona necesita es que se licite la obra, que se adjudique y que se comience cuanto antes.
El dictamen del Consejo Consultivo ha considerado que el incumplimiento del plazo de ejecución de la obra, que era de seis meses, hasta el 11 de enero de 2023 en principio, es «causa bastante» para la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de la fallida remodelación de la zona.
La empresa contratista solicitó la ampliación del plazo de ejecución en cuatro meses en fecha 30 de noviembre de 2022 –en aquel momento, el plazo acababa el 11 de enero de 2023–. El 1 de enero pidió tramitar un modificado del proyecto. La Junta de Gobierno desestimó las dos cosas en el mismo acuerdo de fecha de 14 de febrero de 2023.
En aquella fecha, el órgano de decisión municipal ya hablaba de «incumplimiento por causas imputables al contratista» tras un informe técnico que atribuía el retraso «a la falta de medios dispuestos para la ejecución de la obra» y a la ausencia de justificación o aclaración «que garantice la correcta ejecución de los trabajos restantes aún aumentando el plazo en cuatro meses».
Y apunta el dictamen del Consejo Consultivo que, además de que «el plazo es un elemento esencial en la configuración de un contrato», para que la administración tenga la obligación de conceder una ampliación del mismo, la causa de demora no ha de ser imputable al contratista y además el contratista tiene que formular la solicitud dentro del plazo de quince días desde que se produzca la causa originaria del retraso.
Pero, en este caso, «el retraso debe considerarse producido por motivos imputables al contratista» y también «se ha acreditado el incumplimiento del plazo máximo de quince días», por lo que el órgano de contratación puede no conceder la ampliación de plazo y proceder a la resolución del contrato a la terminación del plazo del mismo como efectivamente ha hecho el Ayuntamiento, menciona el dictamen.
La adjudicación de la obra a Cotodisa se produjo en junio de 2022 por 3,3 millones, que el plazo de ejecución era de seis meses, hasta el 11 de enero de 2023, que ya el 15 de septiembre de 2022 un informe advertía que la ejecución de los trabajos distaba con bastante diferencia de lo planificado y que el 28 de diciembre apenas se llevaba el 40 % de los programado.
Sobre la incautación de la garantía de 136.744 euros, el Consejo entiende que «no pueden desplazarse a la administración local las consecuencias perjudiciales que se derivan del incumplimiento del contratista», por lo que considera que procede, «sin perjuicio de que puedan liquidarse otros daños y perjuicios que no son objeto de este procedimiento«.
