El Gobierno regional prevé iniciar las obras del Sagasta «en unas semanas»

El IES Sagasta, dominando la Glorieta del Doctor Zubía en pleno centro de Logroño./Antonio Díaz Uriel
El IES Sagasta, dominando la Glorieta del Doctor Zubía en pleno centro de Logroño. / Antonio Díaz Uriel

Alberto Galiana anuncia como «inminente» la firma del contrato con la UTE Dragados-QODA, a la que Educación pedirá agilizar el plazo previo

Javier Campos
JAVIER CAMPOSLogroño

El Gobierno de La Rioja cuenta ya los días para que puedan comenzar las obras del IES Sagasta. La reciente resolución por parte del Tribunal Central de Recursos Contractuales inadmitiendo el último recurso de la UTE excluida y levantando la suspensión de la licitación supone en la práctica luz verde para la tan esperada reforma integral del histórico instituto de Educación Secundaria.

Así lo entiende la Administración regional, que a la espera de que en el plazo de dos meses Construcciones Mariano López Navarro y FCC Construcción presente o no un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) -una vez agotada la vía administrativa-, seguirá avanzando en la tramitación y ejecución del plan previsto inicialmente.

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, precisaba que el citado plan no es otro que «el de comenzar las obras a la mayor brevedad posible». «A finales del pasado año ya se adjudicaron, lo que nos permitirá firmar el contrato con la UTE adjudicataria (Dragados-QODA) de manera inminente, muy posiblemente en los próximos días, y que los trabajos comiencen en unas semanas, muy pocas», sentenció.

«No nos vamos a quedar esperando si recurren o no»

Alberto Galiana se mostraba contundente al respecto. «No nos vamos a quedar esperando si recurren o no. Respetamos la decisión que la UTE excluida tome, esto es un estado de Derecho, pero como Administración pública tenemos la obligación de sacar adelante un proyecto en el que llevamos años trabajando intensamente. Yo soy el primero que lo está deseando», aseguraba el consejero de Educación en relación a si Mariano López Navarro y FCC interponen recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del TSJR. «Si deciden judicializar el proceso es respetable, pero a día de hoy pensar que van a hacerlo es mucho suponer; por tanto, y teniendo en cuenta que tienen un plazo amplio, habrá que esperar», añadió. Ello, además, no quiere decir que el proyecto en marcha se paralice. «Supongo que ellos lo hacen porque consideran que tienen posibilidades de ser admitidos, pero estamos ante un expediente lo más transparente posible en el que los técnicos tomaron una decisión justificada sin intervención de los políticos, que aquí no tienen nada que ver, y yo estoy totalmente convencido de la solidez de los argumentos por los que la UTE en cuestión quedó excluida del concurso», precisó a preguntas de este periódico.

Un plazo que no sería más de «lo estrictamente necesario para que desde el punto de vista logístico esté preparada la adjudicataria, a la que pediremos que no agote los plazos de los que dispone a ser posible», concretó Galiana, que a la pregunta de si las obras estarán en marcha antes de los dos meses de plazo de los que dispone la UTE excluida para acudir a la Justicia, respondía que «indudablemente».

Y es que, según explica Galiana, para una obra de tal envergadura la adjudicataria «necesita tiempo para poner en marcha la maquinaria» y la ley, además, «se lo concede». «Sin dar un plazo concreto, nuestro interés y nuestra prioridad es que comiencen las obras ya, tanto desde el punto de vista educativo como del de la conservación del patrimonio, pues entendemos que técnicamente y jurídicamente es lo que corresponde», añadió el consejero delegado del ramo.

Se da la circunstancia, además, de que los dos recursos administrativos presentados por las constructoras excluidas del concurso por «baja injustificada» -su oferta fue de 18,7 millones, el 28% menos del presupuesto base de licitación- conllevaban la suspensión automática del proceso en sí, carácter que a partir de ahora, y pendientes de un posible recurso ya por vía judicial, se pierde y queda a expensas de lo que decida un juez. Diario LA RIOJA adelantaba que la recurrente baraja volver a hacerlo e incluso solicitar tal paralización cautelar.

«Si finalmente hay recurso, se podría llegar a juicio pero igual sin suspender las obras... La paralización está a partir de ahora supeditada a lo que decida un juez y la solicitud de medidas cautelares requiere ponderar muchas cuestiones en global y no sólo el interés particular de la recurrente, sino el interés general y el de la adjudicataria del proyecto. Es una cuestión compleja que de producirse, que es mucho suponer, el juez valorará en su conjunto y no es fácil saber qué pasará... por lo tanto, nosotros tenemos que seguir conforme al plan previsto», expuso.