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Sábado, 30 de septiembre 2017, 20:47
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Gran Vía 29, el histórico edificio de Fermín Álamo construido en 1932 en la esquina de la principal avenida de Logroño con María Teresa Gil de Gárate, ya ha comenzado a desaparecer. Las obras de demolición, que llevan ya un par de semanas y que se pueden ver estos días a pie de calle, han comenzado por el tejado y, de hecho, la cubierta ha quedado totalmente desmontada. Las previsiones son las de que el derribo en sí concluya en el plazo de un mes y el inmueble, en pleno centro de la capital de La Rioja, deje lugar a un solar a la espera de su futura edificación.
«Empezamos aproximadamente hace 15 días trabajando dentro del edificio, con derribos interiores; el pasado viernes (día 22), retiramos la cubierta de fibrocemento, con todo lo que ello supone por la gestión de residuos; y ahora, iremos descendiendo planta por planta bajando los escombros mediante una máquina 'tipo retro' que se ayuda de un pinza llamada jirafa», explicaba a Diario LA RIOJA esta misma semana David D. Elices Kolmerschlag, arquitecto de la obra en cuestión.
Junio del 2017 El Ayuntamiento ordena la demolición obligando a comenzar en dos meses.
Julio-agosto del 2017 La propiedad rodea el inmueble con el correspondiente andamiaje.
Septiembre del 2017 Comienzan las obras de derribo como tal.
Un derribo 'manual', tal y como ya adelantó este periódico, parte de una demolición 'controlada' desde arriba hacia abajo con 'desescombro' en la parcela contigua, solar vallado desde hace una década donde ahora CaixaBank promoverá 28 viviendas de lujo. Y es que los trabajos se están llevando a cabo según lo anunciado y tratando de afectar lo menos posible al entorno. «Aproximadamente el derribo como tal podría estar concluido el 15 de octubre», precisaba el arquitecto del proyecto contratado por la comunidad de propietarios de Gran Vía 29.
La demolición llega después de que ya el pasado junio el Ayuntamiento de Logroño requiriese definitivamente a la propiedad a iniciar el derribo en dos meses tras la resolución de continuar con la tramitación del expediente de ruina económica paralizado en los tribunales desde hacía un año. La retirada del litigio de uno de los propietarios de los bajos comerciales, desocupados recientemente, suponía el desbloqueo del derribo y ponía punto y final a más de una década de enfrentamientos.
Y es que al inmueble siempre le ha rodeado la sospecha de un supuesto 'mobbing' inmobiliario: una propiedad mayoritaria poco interesada en el mantenimiento y una minoritaria insistiendo en defender que el edificio siguiese en pie. Se da la circunstancia de que la Administración local ya hizo lo mismo, es decir, declarar la ruina económica y ordenar su demolición, en el 2003, controvertida decisión que fue anulada por la Justicia en el 2005.
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