El Defensor del Pueblo pide que el bonobús de estudiantes se abra a no empadronados

Imagen de archivo de unos usuarios accediendo a un autobús urbano. :: juan marín/
Imagen de archivo de unos usuarios accediendo a un autobús urbano. :: juan marín

La institución, que se ha pronunciado a raíz de quejas de alumnos de la UR, entiende que «limitar la bonificación genera un efecto discriminatorio»

María José Lumbreras
MARÍA JOSÉ LUMBRERASLogroño

La recomendación del Defensor del Pueblo insta a «eliminar el requisito de estar empadronado en Logroño, Lardero o Villamediana para acceder a la tarjeta de estudiante que expide el Ayuntamiento» de la capital riojana. Las actuaciones iniciadas por esta institución tienen que ver con las quejas remitidas por estudiantes de la Universidad de La Rioja excluidos de la aplicación de las tarifas especiales de transporte urbano para menores de 30 años porque exigen el requisito del empadronamiento en Logroño, Lardero o Villamediana, indica el mismo Defensor en su resolución.

Señala, además, que no pone en duda la competencia municipal para establecer las condiciones del servicio de transporte urbano. Y también apunta que es consciente de que los municipios han de asegurarse un nivel de ingresos suficientes para asegurar el funcionamiento de los servicios que prestan.

En su opinión, «cuando algún ciudadano tiene que pagar una tasa o un precio público más elevado por el mero hecho de residir en otro municipio, entonces se vulnera el principio de igualdad (artículo 14 en relación con el 19 de la Constitución), pues esa diferenciación está basada en el empadronamiento y no en criterios de capacidad económica». «Con la práctica de cobrar más a los que no están empadronados, se olvida que los poderes públicos deben facilitar y no obstaculizar el ejercicio de las libertades de circulación de personas, bienes y servicios», refiere también.

«Los logroñeses pagarían más que los de fuera porque también cubren el déficit del servicio con sus impuestos» Francisco Iglesias Concejal de Movilidad

Tras recordar que el Ayuntamiento también recibe ingresos del Estado y de la Comunidad, el Defensor reconoce que el mantenimiento de un servicio municipal lleva consigo un coste y puede significar un aumento del gasto que ha de ser sufragado principalmente por los residentes, «pero ello debe considerarse normal porque son ellos los que mayormente se benefician de estos servicios». Y si la institución entiende que limitar la bonificación está generando un efecto materialmente discriminatorio entre la población estudiantil de la Universidad de La Rioja, también considera que el primer paso sería cuantificar los efectos de la medida y, en función de los resultados, decidirse si se implanta o no. En cualquier caso, siempre cabrá plantear alguna forma de colaboración con otras administraciones, como la UR o la Comunidad Autónoma, apunta el Defensor.

El pleno de la capital ya discutió este asunto, planteado por el grupo socialista. Desde el Gobierno local, el edil de Movilidad, Francisco Iglesias, recordaba ayer que si Lardero y Villamediana gozan de las ventajas de Logroño es porque sus ayuntamientos han firmado convenios. El transporte municipal se financia con los impuestos de los empadronados, recordó, para señalar que el Consistorio cubre el déficit de explotación y que «no se puede cobrar a alguien de otro municipio menos que a un logroñés». «Otra cosa es que haya acuerdos con las universidades de que se trate», razonó.

 

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