«Hay casas con niños sin un lápiz»

Imagínate vivir en un piso que apenas reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, enclavado en un callejón sin que prácticamente entre la luz natural, donde se 'hacinan' entre 8 y 10 personas con problemas para cubrir sus necesidades básicas y, donde ni que decir tiene, no existe conexión a Internet. «Imagínate...», repite Tamara. Y es que, nadie mejor que una educadora social, como es su caso, para saber que hay confinamientos y confinamientos. Con crisis o sin ella, son las familias más desfavorecidas y vulnerables quienes peor lo pasan.

Tamara Blanco Méndiz, de 29 años, es una de las diez educadoras de los proyectos de intervención socioeducativa con menores que lleva a cabo el Ayuntamiento de Logroño en los barrios de Casco Antiguo, Madre de Dios-San José y Centro-Sur-Oeste y da fe de lo que habla. De la dificultad añadida que ha supuesto la pandemia del coronavirus para los colectivos que no entienden de crisis porque, precisamente, viven instalados en ella.

Los programas en cuestión atendieron a un total de 888 menores y jóvenes –a partir de los seis años y más allá de los 18– durante el pasado año, y estos días de emergencia sanitaria han llegado a unos 550, un 60% de los mismos. Algunos con circunstancias realmente dramáticas. «Hay casas con niños sin un lápiz», resume Tamara, quien explica que si ya, de entrada, el objetivo es «mejorar la situación personal, familiar y social de menores en situación de riesgo», el mismo se acentúa dadas las actuales circunstancias. Y la cuarentena, lógicamente, lo complica todo.

«La situación generada por las medidas impuestas en el estado de alarma han supuesto una adaptación del modo de trabajar para los proyectos de intervención socioeducativa con menores», asevera el concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares.

Tamara, educadora social del Casco antiguo, habla, directamente, de «reinvención». La que les ha obligado a pasar de las calles reales... a las virtuales, es decir, a las redes sociales. Sin olvidar, eso sí, el contacto presencial, lo que ha servido para detectar otro tipo de necesidades que han sido derivadas a Servicios Sociales o a las que se ha dado respuesta directa. Los educadores han estado en todo momento con los ojos y las orejas bien abiertas –como ángeles de la guarda– «desarrollando al máximo todas las comunicaciones que la tecnología nos proporciona, especialmente aquellas que son más utilizadas habitualmente por los menores», explica Reinares.

Tecnología que, en no pocos casos, ha tenido que ser facilitada a quienes carecían de ella. El programa de intervención socioeducativa es un proyecto que trabaja con menores y familias en situación de vulnerabilidad social, algunos de ellos declarados en riesgo. Se caracteriza por la intervención directa con los menores tanto a nivel individual como grupal, y en una situación tan dura como la vivida –con contagios e incluso fallecimientos por SARS-CoV-2– también se ha intervenido con «núcleos más amplios».

La clave, según coinciden todos, está en el establecimiento de una relación entre el educador social y aquellos menores en los que se detectan y valoran situaciones de dificultad o problemáticas sociales, con la finalidad de atender sus necesidades y preservarles de situaciones que dificulten su adecuado desarrollo. «A nosotros nos cuentan cosas que no se las cuentan a nadie», resumen Kevin y Valentina, dos de estos 'hermanos mayores'.

Un vínculo basado en la confianza que, en estos tiempos, se ha reforzado. Kevin Ulargui Prado, de 25 años, y Valentina Acevedo Pérez, de 32, son pareja. Uno es educador social de Centro-Sur-Oeste y otra de Madre de Dios-San José. «Si eran familias que ya tenían problemas, imagínate ahora...», dice Kevin. «Nos hemos tenido que buscar la manera de comunicarnos con ellos para mantenerles activos», añade Valentina... con obstáculos tales como que «ni siquiera» tengan WhatsApp.

Pese a ello, de una u otra forma, el contacto ha sido diario y la relación continua «a través de teléfono, videollamadas y redes sociales». Y siempre con el fin de la «detección de situaciones de riesgo y crisis en las unidades familiares». «Hay quien no tiene acceso a nada», sentencian. Y es que las clases más bajas son doblemente víctimas del COVID-19.