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DIEGO MARÍN A.
LOGROÑO.
Jueves, 8 de febrero 2018, 23:42
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La comunidad de vecinos del número 68 de la calle Marqués de San Nicolás de Logroño ha emitido un nuevo comunicado con respecto al caso de la vivienda de José Pérez Jiménez subastada públicamente el pasado sábado por 27.102 euros. El colectivo, formado por 18 de los 19 vecinos del edificio, aclara primero que «nadie ha querido este final», pero asegura que desea «desmentir las acusaciones y difamaciones que ha vertido sobre la comunidad de vecinos José Pérez Jiménez, respaldado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca», y a ambos exige la «rectificación de las afirmaciones difamatorias».
Como ya publicó Diario LA RIOJA el pasado domingo, el problema surgió hace diez años, cuando «el Ayuntamiento de Logroño ejecutó de urgencia unas obras para garantizar la seguridad estructural del edificio y por la cual José Pérez comienza su deuda con el Consistorio». Dos años después, en el 2009, se aprobó una nueva obra para reparar cubiertas, patios interiores y el portal del edificio, por la cual Pérez, como el resto de propietarios de la casa, debía pagar su parte: 5.228,41 euros. «Es aquí donde comienza su deuda con la comunidad, que ha ido aumentando a lo largo de los años, no habiéndose producido ni un mínimo ingreso por su parte», explica la comunidad, que también afirma que el vecino en cuestión no ha asistido a ninguna reunión, a pesar de haber sido «informado por escrito e invitado verbalmente a asistir».
En el 2013 la comunidad determinó denunciar a todos los vecinos deudores, siete en total y, entre ellos, el citado Pérez, puesto que el total adeudado ascendía a 26.570,40 euros. Y desde el 2015 afirman sufrir «actos de vandalismo y altercados», razón por la que «se instó a la colocación de cámaras de seguridad». Actualmente, tal y como informa el edicto judicial, la deuda de José Pérez con la comunidad de vecinos de su vivienda es de 8.198 euros (incluyendo intereses y costas).
La comunidad declara que «el triste desenlace» de la familia Pérez «ha sido forzado por la omisión permanente del afectado y la bancarrota de la comunidad», aunque los vecinos, todos «humildes», «no querían este final, sentenciado por medios jurídicos y legales».
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