El Tribunal de Cuentas afea a Educación el bajo control financiero de los conciertos

Instalaciones del colegio Adoratrices, en la calle Juan XXIII de Logroño. :: e.d.r./
Instalaciones del colegio Adoratrices, en la calle Juan XXIII de Logroño. :: e.d.r.

El órgano fiscalizador recomienda el desarrollo de una norma regional de gestión de todos los centros públicos y concertados y el refuerzo del control económico

Luis J. Ruiz
LUIS J. RUIZLogroño

El Tribunal de Cuentas le ha propinado un tirón de orejas a la Consejería de Educación de La Rioja. Lo ha hecho en su último informe anual (el correspondiente al ejercicio del 2016), en el que viene a sostener que los mecanismos de control financiero sobre los centros educativos de la región (públicos y concertados) es, cuando menos, mejorable.

En relación a la red pública, constata el Tribunal de Cuentas «una insuficiencia de medios personales para desarrollar eficazmente las labores de revisión y control de la gestión económica de los centros», lo que deriva en un «reducido alcance de los controles financieros» de la Intervención General y «la ausencia de una inspección de servicios en la Administración de la CAR». Además, apunta que fruto de esos controles se puso de manifiesto en la Escuela Superior de Diseño «salvedades y deficiencias significativas en la gestión presupuestaria y de su tesorería que exigen la puesta en práctica de mecanismos adicionales de control» por parte de la Consejería de Educación.

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Más incisivo se muestra el Tribunal de Cuentas en la gestión de los conciertos educativos. Dice que a la hora de determinar el montante económico «no se ha realizado ningún estudio sobre la fijación de los módulos, ni sobre el coste de los puestos escolares», por lo que no se puede determinar si la cantidad es suficiente para ofertar «el servicio de educación en condiciones de gratuidad». Además sostiene que la ausencia de una normativa propia sobre el contenido y procedimiento de rendición de las cuentas de los centros concertados impide que exista una justificación clara de los gastos incluidos en determinadas partidas.

De manera paralela, el Tribunal de Cuentas destaca que no se realizan «verificaciones de forma sistemática para comprobar la no percepción de concepto alguno que suponga una contrapartida económica por la impartición de las enseñanzas de los niveles educativos obligatorios del concierto» ni se controla que en las actividades escolares complementarias «las cantidades abonadas por los padres sean voluntarias, que no tengan carácter discriminatorio para los alumnos, que no formen parte del horario lectivo y que carezcan de carácter lucrativo».

Por todo ello recomienda la necesidad de «desarrollar una normativa autonómica propia para la gestión económica de los centros docentes y reforzarse la revisión y el control económico de los mismos tanto por la Consejería [de Educación] como por la Intervención General de la Comunidad».

En sus alegaciones al informe, el Ejecutivo regional asume el escaso número de centros controlados y asegura que la Intervención General pondrá en marcha un plan plurianual a cinco años para auditar, al menos, el 25% de los centros escolares, públicos y concertados, domiciliados en la región.