Las penas, de 1 a 3 años o de 10 a 20, según el riesgo para las personas

Cuando un menor es declarado culpable, sus padres han de responder económicamente por los daños causados

Pilar Hidalgo
PILAR HIDALGO

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Logroño, Enma Vitoria Marín, lleva las diligencias del caso de los 14 vehículos calcinados, que ha conllevado una serie de detenciones. El Palacio de Justicia tendrá la última palabra sobre el futuro inmediato de los, al menos, cinco detenidos.

El abogado Jon Zabala plantea las consideraciones que los tribunales deberán atender a la hora de fijar las penas. En primer término, Zabala indica que el juzgado de instrucción estudiará la implicación de los mayores de edad, entre los que figuraría una mujer. Dado que uno de los jóvenes es un menor de edad, su participación en los hechos lo investigará la Fiscalía de Menores.

Llegado el asunto a juicio, el de los mayores de edad se celebrará en el juzgado de lo penal y el del menor, en el juzgado de menores.

El Código Penal tipifica como agravante el que los delitos los cometa una banda con organización

Resultará crucial a la hora de establecer las penas la consideración de riesgo para las personas que observe la Justicia. Si se entiende que no ha existido, podría aplicarse el artículo 266 del Código Penal, que recoge un delito de daños con una pena de 1 a 3 años de prisión. Pero si se estima que ha podido haber peligro, el artículo 351 del Código Penal habla de cárcel de 10 a 20 años, menos en función de la entidad del riesgo.

El letrado remarca que existen otras variables a tener en cuenta. Por ejemplo, si los jóvenes provocaron estos incendios valiéndose de un mechero o de material explosivo. «Cuanto más peligroso resulte el método empleado, mayor será la pena», indica Zabala.

Apunta que el Código Penal también considera un agravante el que los hechos delictivos los haya cometido una banda criminal. Este caso podría acogerse a este supuesto si se demuestra que en el grupo de detenidos cada uno de sus miembros desarrollaba unas funciones y existía una jerarquía.

No obstante, el abogado entiende que la Justicia se pronunciará por cada delito por separado y no contemplará la figura del delito continuado, ya que las situaciones se dieron en lugares y días diferentes. Esto es, entendería que existe más de un delito y no uno único continuado.

Respecto de la situación del menor, Zabala expone que, si es declarado culpable, «sus padres tendrían que responder económicamente por lo hecho». Los peritos tasarían los bienes que resultaron dañados por la participación del joven y determinarían la responsabilidad civil. «El problema sería 'gordo' para sus padres», previó.

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