«Hay un sesgo ideológico del Gobierno de España contra la concertada»

Alberto Galiana. :: j.m./
Alberto Galiana. :: j.m.

«Sin las ayudas de las familias los centros no serían viables en el largo plazo», afirma Galiana Alberto Galiana Consejero de Educación del Gobierno de La Rioja

L.J.R.

El consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, Alberto Galiana, rechaza hablar de una persecución hacia la educación concertada, pero considera que las palabras de la ministra de Hacienda «obedecen a un sesgo ideológico del Gobierno de España para ir contra la concertada. No sé si es una persecución, pero hay algo evidente y es que nos les gusta. Si la toleran es porque la ven como un mal menor». Con ese punto de partida, Galiana cree que existe un problema de fondo que ha de solucionarse: la financiación de los centros concertados: «Creo que tenemos que dejarnos de medias tintas y trabajar para conseguir una financiación en igualdad».

En la actualidad, en La Rioja estudian en la red concertada algo menos de 15.000 alumnos. Según los últimos datos del balance estadístico del Gobierno de La Rioja estarían matriculados 2.981 alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil; 6.766, en Educación Primaria; y 5.013 en Educación Secundaria Obligatoria. A ellos habría que sumar los 858 de Bachillerato, nivel no concertado (salvo en Jesuitas), pero sí subvencionado desde el Ejecutivo con una aportación anual a las familias.

Galiana defiende la necesidad de establecer una comisión que aborde la asignación económica a estos centros, ya que existe «una infrafinanciación» que hace que «los centros se vean obligados a pedir ayudas. Tenemos que facilitar una adecuada financiación para que exista una auténtica libertad de elección de centro». Para eso, sostiene, es preciso estudiar los módulos del concierto que, en La Rioja, «son muy superiores a los de la media nacional. Si no se atiende esa adecuada financiación, creo que es por un sesgo ideológico».

En relación a las aportaciones voluntarias que se realizan a los centros concertados, dice el consejero que «es algo que está contemplado en la legalidad vigente prácticamente desde que se pusieron en marcha los conciertos en los años 80. Tienen que ser puramente voluntarias y no puede existir ningún tipo de represión por parte de los centros» hacia quien no los abona. En ese sentido, asegura que la Consejería de Educación no ha tenido conocimiento de que se haya obligado a los padres a hacer frente a esos pagos. «Más allá de que en algún caso pueda existir una cuestión puntual, que no nos consta, creo que la generalidad de los centros los aplica como establece la ley», sostiene el consejero. Además, dice, en caso que surgieran tensiones «la Consejería estaría junto a los padres que voluntariamente decidieran no hacer esa aportación», completa Galiana.

«Sin esas ayudas, los propios centros no serían viables en el largo plazo. Quizá en el corto sí, pero los centros quedarían descapitalizados. Hay que tener en cuenta que cuestiones como la amortización de edificios, la dotación tecnológica y otras cuestiones no están financiadas por el concierto por lo que se podría acabar abriendo una brecha entre las dos redes. Tenemos que apostar porque la gente elija libremente el centro escolar de sus hijos y para ello hay que financiar», completa.