El sector agrario alerta de un «caos» por la prohibición de la quema de restos de poda

Hasta ahora eran normalmente los ayuntamientos o los guardas forestales los que autorizaban de forma habitual, tras la solicitud de los correspondientes permisos, la quema de estos restos de madera fuera de las temporadas de riesgo para los incendios y que pueden suponer cantidades enormes, dado que, solo en el caso del viña, La Rioja tiene registradas 45.000 hectáreas de viñedo.

La nueva normativa establece que, con carácter general, los residuos vegetales generados en el sector agrario están sujetos a la Ley 7/2022, de forma que deben gestionarse y no es posible su eliminación mediante la quema. En este sentido, si bien ya hay algunas bodegas que trituran sus propios sarmientos y los utilizan como abono para sus viñedos y casi la mitad de la superficie se trabaja con máquina, son unas 7.500 las solicitudes anuales para quemas de estos residuos las que se registran en La Rioja.

La solución propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica es el empleo de los restos para los suelos (compost) o como cama para el ganado y, en última instancia, para la producción de energía (pellet de biomasa), aunque tampoco existe una red organizada para la retirada dada la novedad de la normativa basada en el concepto de economía circular.

Así las cosas, las únicas excepciones reguladas para la quema por la nueva Ley de Residuos son aquellas en los que por razones fitosanitarias (enfermedades) no haya otro tratamiento aconsejado o en entornos en que no sea posible la retirada o sean zonas cercanas al monte y su acumulación pueda provocar incendios. Es decir, circunstancias muy excepcionales que no resuelven un problema que podría crearse con el inicio de la nueva campaña agrícola. En este sentido, son varias las comunidades autónomas que manifestaron su preocupación y solicitaron un periodo transitorio de adaptación, toda vez que no existen muchas plantas de tratamiento biológico de estos residuos ni una red para su recogida.

José Luis Rubio, director general de Biodiversidad, confirma que habrá que cumplir con la nueva normativa, aunque también pide «paciencia» a la espera del reglamento que tiene que desarrollar la Ley de Residuos: «Estoy seguro de que si hay un problema el Ministerio será sensible y vamos a ver qué medidas podemos tomar dentro de la ley».

Rubio asegura que este mismo año ya se aprobó una orden con ayudas dirigida a los ayuntamientos y empresas privadas que realicen desbroces para eliminar combustibles leñosos [si bien está pensada para terrenos forestales y no para los de cultivo] y que también se está trabajando con los perímetros respecto a zonas forestales donde se pueda permitir la quema controlada para prevenir riesgos de incendio mayor: «Hay 100.000 euros más en ayudas y estudiamos permitir la quema preventiva en zonas de hasta 400 metros de distancia al monte..., es decir, estamos dispuestos a tomar medidas, pero, insisto, en que conviene esperar a ver qué margen nos deja el reglamento para que no se convierta en un problema». «Compartimos la preocupación del sector agrario –continúa–, aunque ésta es una ley que se aprobó en abril, con lo cual ha habido tiempo para conocerla».

Sobre la solicitud de un periodo transitorio, como reclaman ARAG-Asaja y otras comunidades autónomas, Rubio insiste en «esperar al reglamento para ver qué márgenes tenemos».