Riojanos prisioneros de su cuerpo entre cuatro paredes

El 28% de las viviendas de La Rioja no son accesibles para las personas con movilidad reducida: tres de cada cuatro han tenido que cambiar de casa y el 4% no puede salir nunca a la calle

Carmen Nevot

Logroño

Domingo, 23 de febrero 2025, 08:19 | Actualizado 17:42h.

A Ana Isabel Álvarez Barbastro y a Violeta Armenta la enfermedad les ha condenado a vivir pegadas a una silla de ruedas. Son dos mujeres para las que cada nuevo día es una carrera de obstáculos. Escollos que muchos no ven o no quieren ver pero sobre los que por fortuna cada vez se pone más el foco y ya forman parte de la agenda política.

El pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto para reformar la Ley de Discapacidad. El objetivo es que se reconozcan derechos fundamentales como la accesibilidad universal. Una idea un tanto genérica pero que tendrá su traducción en la práctica. En el día a día supondrá que este derecho se podrá exigir en cualquier instancia para todos los edificios o servicios que sean públicos y para financiar todas las actuaciones que se reclamen se creará un fondo estatal.

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Pero la reforma va más allá porque incluye una modificación de la ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. El nuevo texto facilitará los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de vecinos para llevar a cabo la adaptación que sea necesaria.

Este cambio normativo, aunque aún insuficiente, no es trivial porque en La Rioja, de acuerdo con la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del INE de 2023, el 28% de los edificios de la región, unos 36.700, no son accesibles. A más antigüedad más barreras. Así ocurre con la mitad de los inmuebles anteriores a 1971. A partir de ahí, como se puede ver en la gráfica que ilustra esta información, la proporción de no accesibles se va reduciendo y alcanza al 27,4% de los edificios de entre 1971 y 1990 y al 17,4% de los posteriores a 1990.

Esta arquitectura pensada para personas con plena movilidad tiene su impacto en un colectivo que cada día tiene que sortear decenas de obstáculos para disfrutar de una autonomía que no siempre es posible. De hecho, según el informe Accesibilidad y movilidad: mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad', elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios, tres de cada diez de los en torno a 13.000 riojanos con movilidad reducida han tenido que cambiar de casa por la falta de accesibilidad de su edificio, y lo que es peor, un 4% no puede salir nunca de casa. Son rehenes de su cuerpo y de sus cuatro paredes.

En muchas ocasiones el interior de sus pisos, no sólo el de los edificios, es un laberíntico circuito que dificulta moverse con normalidad al 57% de estas personas. Tanto es así que, de acuerdo con las Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) del INE, una de cada cuatro personas ha tenido que realizar obras para adaptar su hogar, sobre todo los aseos (74%), dormitorios(42%), cocina (32%) y puerta de entrada (32%).

Desenvolverse fuera del hogar es aún más complejo. El 74% de los riojanos con movilidad reducida tiene importantes dificultades para andar o moverse. La solución para el 73% es ir acompañados de familiares o amigos que les faciliten, ayuden y apoyen mientras la reclamada accesibilidad universal no sea una realidad.

Desde La Rioja sin barreras llevan años reclamando la igualdad para todas las personas con movilidad reducida y sin ella. Bajo el nombre 'Arrestópolis' pusieron en marcha una campaña para reclamar una reforma en la Ley de Propiedad Horizontal de manera que se garantice la accesibilidad de la viviendas para las personas con discapacidad y el aumento en las subvenciones públicas para acometer las obras de accesibilidad. Todo para poder vivir con autonomía porque «no proporcionarles estos medios de apoyo necesarios provoca que personas que no han cometido ningún delito se encuentren encerradas en sus propias casas privadas de libertad y esta es una de las peores vulneraciones de derechos».