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L.J.R.
LOGROÑO.
Miércoles, 22 de noviembre 2017, 00:03
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Enrique Stern, fiscal superior de La Rioja, aprovechó la apertura del año judicial para presentar su memoria anual. Destacó que la criminalidad durante el 2016 en La Rioja permaneció «estable», aunque aumentó el número de denuncias por violencia de género y contra la libertad sexual, si bien ninguna mujer perdió la vida a manos de su pareja y no se registraron violaciones. Sin homicidios ni asesinatos durante el 2016, «La Rioja tiene uno de los mejores índices de seguridad de todo Europa», defendió.
Pero su intervención tuvo un marcado carácter reivindicativo. Así, tras elogiar el Palacio de Justicia, defendió la necesidad de «seguir invirtiendo en medios materiales». «Lexnet no funciona», criticó Stern, déficit al que sumó la ausencia de visores para ver los atestados o las portafirmas, entre otros. «Al menos tendríamos que tener las potentes herramientas con que cuentan las comunidades que dependen del Ministerio de Justicia», defendió.
Pero las críticas del fiscal no solo se extendieron a los aspectos puramente materiales. Recordó la necesaria creación de un tercer juzgado de lo penal en Logroño, del cuarto juzgado de instrucción, y la incorporación de un sexto magistrado para la Audiencia Provincial además de completar la nómina de magistrados en el TSJ.
Pero esa ausencia de personal también la hizo extensiva a la Fiscalía que dirige. Así, Stern apuntó que La Rioja se «hunde» por la falta de fiscales y es la última región en la tabla de jueces por fiscal. Así, en España la media es de cuatro fiscales por cada juez cuando en La Rioja es de 2,3 fiscales por juez. En la misma línea, sostuvo que la comunidad ocupa el último puesto en fiscales por número de habitantes. A todos esos déficits, Stern sumó uno más: «En la actualidad La Rioja es la única comunidad autónoma que no cuenta con un fiscal anticorrupción».
Al término de su intervención, como el presidente del TSJR, Stern mandó un mensaje de apoyo a los jueces y fiscales que «hacen su función en Cataluña con gran coste personal y profesional en defensa de la Constitución».
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