PSOE y Podemos piden un trabajador social por cada 3.000 habitantes

Las diputadas Ana Santos, del PSOE, y Natalia Rodríguez, de Podemos, han presentado esta iniciativa junto a representantes de los Colegios Profesionales de Psicología, Educadores Sociales y Trabajo Social, de la Asociación de Integradores Sociales y de la Marea Naranja, según informa Efe. Esta propuesta de reforma, que ha presentado Podetrabajkamos y a la que se ha sumado el PSOE, supondría el establecimiento de una ratio mínima obligatoria para los técnicos de atención primaria de servicios sociales, al igual que ocurre en otros sectores, como policía, profesorado y sanidad, han detallado ambos partidos en un comunicado conjunto.

Santos ha recordado que el Gobierno de La Rioja eliminó en 2011 la ratio de profesionales de Trabajo Social, que incluía una dotación mínima de un trabajador social por cada 4.000 habitantes, y, para ella, lo hizo sin motivos objetivos y dejó la atención social al libre criterio y la subjetividad de la Administración.

«El PSOE ha intentado, año tras año, devolver a la Ley de Servicios Sociales lo que se le usurpó por la puerta de atrás y sin ningún debate parlamentario», ha añadido Santos. Ha indicado que esta falta de ratios da lugar a un desequilibrio territorial, en el que la atención social y la puerta de acceso a los derechos sociales es diferente para los riojanos según la localidad de residencia y está sujeta a la importancia otorgada, caso a caso, por cada Ayuntamiento.

Rodríguez ha insistido en que los servicios sociales tienen que dejar de ser el «patito feo» del Gobierno de La Rioja, que salen a escena en los debates electorales, pero que se esconden en los debates sobre presupuestos. «Queremos unos servicios sociales dirigidos a toda la población, que sirvan para la detección y atención de la violencia machista, para atender las situación de dependencia o para intervención con las personas sin hogar, por poner solo tres ejemplos que mejoran la vida de la gente», ha subrayado.

También se ha referido a la utilidad de la reforma legal propuesta, dado que «si los profesionales de otros sectores tienen una ratio mínima, y está bien que la tengan, ¿por qué no lo tienen los profesionales de los servicios sociales?»; además de que «no es de recibo que La Rioja no tenga ningún integrador social y solo cuatro psicólogos».

La reforma planteada establece una dotación mínima profesional, que se implementará progresivamente hasta 2023 y que incluye un trabajador social por cada 3.000 habitantes antes de 2021, un educador social por cada 6.000 habitantes, un integrador social por cada 15.000 habitantes y un psicólogo por cada 20.000 habitantes.

PSOE y Podemos piden que, para fijar el número mínimo de profesionales, habrá que tener en cuenta variables cualitativas, como la dispersión geográfica, la densidad de atención, el porcentaje de población inmigrante y de minorías étnicas, así como la tasa de dependencia y el nivel de pobreza y de exclusión social.

Ambos partidos entienden que esta propuesta de ley es una apuesta «fuerte e importante», que garantiza una atención social de calidad en La Rioja, con la que se pretende superar el modelo asistencial del PP, que «solo minimiza los problemas de la gente», para dirigirse a «un verdadero modelo de servicios sociales que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, combatiendo, desde la raíz, las causas que provocan la exclusión social y trabajando por la prevención».

Pilar San Vicente, del Colegio Oficial de Psicólogos, ha afirmado que es necesaria la figura del psicólogo dentro de la intervención social y ha defendido que haría falta triplicar la cifra de profesionales, ya que atienden a personas con mucha vulnerabilidad.

La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Marta Alguacil, ha señalado que supone un logro para las aspiraciones de los trabajadores sociales asegurar unas ratios mínimas y afianza a estos profesionales como «figura de referencia» que pueda prestar una atención homogénea y de calidad.

Su homólogo del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales, Jesús Alonso, ha indicado que se necesitan «instituciones sensibles que apuesten por las políticas sociales y que amplíen el espacio profesional, para poder crear redes de colaboración que redunden en beneficio de la sociedad».

El presidente de la Asociación de Integradores Sociales, Alberto Arancón, se ha referido a que esta reforma de la ley propone un sistema multidisciplinar para mejorar la calidad de la atención de los servicios sociales, lo que facilita una mayor calidad de vida de los riojanos.