El 26,5% del precio de una vivienda nueva en La Rioja «se va en impuestos y tasas», critica la patronal
La asociación riojana de promotores CPAR denuncia la «maraña fiscal que lastra al sector» y pide a las administraciones una rebaja impositiva
La vivienda se ha convertido en asunto de prioridad nacional. Las dificultades de muchos ciudadanos para acceder no solo al mercado de la compra ... sino también del alquiler y la creciente demanda de pisos que no se ve satisfecha por una oferta ralentizada determinan un tablero de juego en el que la fiscalidad tiene también un papel relevante. Porque más de una cuarta parte del precio final de venta que se paga por la construcción de una vivienda nueva «se va en impuestos y tasas a las diferentes administraciones públicas estatal, autonómica o local», asevera el presidente de la asociación de empresarios de la construcción y la promoción de La Rioja (CPAR), Carlos del Rey. Un estudio elaborado recientemente por esta patronal revela que el 26,43% del coste corresponde a diferentes tributos y gravámenes «en esta maraña fiscal que nos lastra».
El análisis realizado es a partir de una promoción de doce viviendas de 90 metros cuadrados con garaje y trastero en Logroño, con un precio medio de 250.000 euros y un coste de construcción estimado en 200.000. «Los impuestos y tasas alcanzan los 52.972 euros», cuantifica Del Rey, que reclama una «revisión integral del sistema impositivo». Porque reducir la fiscalidad «permitiría dinamizar la oferta, facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y equilibrar un mercado marcado por la escasez de pisos a precios asequibles», dice.
La compra del suelo por parte del promotor o constructor ya conlleva dos impuestos: IVA o transmisión patrimonial y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Y a partir de esta primera acción, «la carga fiscal ya no deja de acumularse», recuerda el dirigente de la patronal CPAR integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER). Las tasas e impuestos llegan por obra nueva, por división horizontal del edificio, por préstamos, por el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) –«aunque Logroño es una de las capitales más competitivas a nivel nacional», admite Del Rey– o por abrir zanjas, ocupar el espacio público con andamios, instalar contenedores de escombros, hacer acometidas de agua o las certificaciones energéticas. Todo esto corre de cargo del promotor o constructor.
«Reducir la fiscalidad permitiría dinamizar la oferta, facilitar el acceso de jóvenes a la vivienda y equilibrar un mercado con pocos pisos asequibles»
Carlos del Rey
Presidente de la patronal CPAR
El IVA del comprador
Y después llegan los impuestos directos para el comprador en forma del 10% de IVA –es la cifra más cuantiosa– o el 1% de Actos Jurídicos Documentados por la compra o por el préstamo hipotecario. «Tanto el Instituto de Estudios Económicos como el Observatorio de la Vivienda de la Universidad Francisco de Vitoria sitúan a España entre los países con mayor carga fiscal sobre la vivienda nueva. Mientras en la Unión Europea los impuestos asociados a la construcción están entre el 15% y el 18%, aquí superan el 25%. Esta diferencia penaliza la inversión, reduce la oferta y contribuye al encarecimiento del mercado», asevera Carlos del Rey.
El sector de la vivienda en España contribuye con 52.200 millones de euros a la recaudación de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda, «lo que supone un 18% del total», dice. Y en términos de Producto Interior Bruto, esa tributación «representaría el 3,5%», una magnitud que «contrasta con el peso del gasto que destinan las diferentes administraciones públicas a políticas de vivienda», y que la CPAR cuantifica en el 0,5% del PIB.
La Rioja es la segunda comunidad autónoma «con un entorno fiscal más competitivo, solo por detrás de Madrid», destaca el presidente de la patronal. Sin embargo, sigue habiendo una burocracia «excesiva, trabas en la tramitación de licencias y autorizaciones, trabas medioambientales y energéticas» que, a su juicio, «desincentivan la construcción de viviendas y restringen la oferta».
Un plan estatal «con fines electoralistas»
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en el que trabaja el Ministerio no convence a la asociación de constructores y promotores de La Rioja. Porque aunque contempla una inversión de 7.000 millones de euros, «se obliga a las comunidades autónomas a asumir el 40% de ese gasto», recuerda Carlos del Rey. El Gobierno central quiere avanzar en la construcción de un parque de vivienda público y asequible, con protección permanente, que según la patronal puede «desincentivar» la implicación de la iniciativa privada para construir VPO. La CPAR también cree que este plan del Ministerio tiene «fines electoralistas» y carga, asimismo, contra la Ley de Vivienda «porque no se pueden hacer normativas en las que la función social de la propiedad –de un piso– la tenga que asumir un promotor privado. Hay una gran inseguridad jurídica y se protege al okupa».
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