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LA UE, CONTRA LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA CADENA ALIMENTARIA

LA UE, CONTRA LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA CADENA ALIMENTARIA

ESTHER HERRANZ - EURODIPUTADA DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO

Lunes, 9 de abril 2018, 23:53

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A muchos de los lectores de AGRO les resultarán probablemente ya familiares mis comentarios contra las prácticas comerciales abusivas. Si bien estas prácticas no se dan únicamente en el sector agroalimentario, éste es uno de los más afectados debido a los fuertes desequilibrios de poder existentes entre los productores agroalimentarios, muy atomizados, y los grandes establecimientos comerciales, que presentan, por el contrario, un grado de concentración muy elevado.

Hace escasos años, el sector lácteo vivió una gran crisis, de la que todavía se está recuperando. La crisis de precios que sufrió entonces se vio agudizada por prácticas desleales -como la muy socorrida venta a pérdidas- realizadas por determinados centros comerciales para mejorar su posicionamiento. Esos comportamientos son el resultado del gran desequilibrio de fuerzas existente entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.

El Gobierno español, conocedor de estos desequilibrios, introdujo en 2013 la llamada Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria. Esta ley establece, entre otras medidas, la obligatoriedad de celebrar contratos por escrito, la creación de una agencia especializada, con importantes poderes de investigación de las conductas, y un sistema de infracciones y sanciones que penaliza a quien no respete las normas.

Solo en el año 2017, la Agencia española de Información y Control Alimentarios (AICA) llevó a cabo 1.882 inspecciones de oficio y recibió 59 denuncias. Según los datos de la propia AICA, desde la creación de la agencia, se han propuesto 922 sanciones siendo los sectores de frutas y hortalizas y el lácteo los que más sanciones han acumulado (552 entre ambos).

Desde hace varios años, desde el Partido Popular estamos pidiendo a la Comisión Europea que tome medidas a escala comunitaria similares a las emprendidas por España a nivel nacional con el fin de proteger a los eslabones más débiles no sólo dentro de nuestras fronteras sino también de cara a las exportaciones de nuestras producciones al mercado de la Unión Europea. La Ley española debería servir de referencia. En 2015, con motivo de un informe de propia iniciativa realizado por el Parlamento Europeo y liderado por mi grupo político, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, explicó la normativa española, que fue aplaudida por muchos miembros de la Eurocámara.

Tras una larga espera, que ya dura varios años, parece que la Comisión Europea se dignará próximamente (el 11 de abril, según ha anunciado públicamente) a presentar una propuesta para la regulación a nivel europeo de la cadena alimentaria. Nadie espera un proyecto revolucionario por parte del Ejecutivo comunitario, debido a las reservas que mantienen las autoridades europeas de la competencia, pero al menos tendremos sobre la mesa un primer borrador legislativo, que dará pie, sin lugar a dudas, a un intenso debate en el que espero que el Parlamento Europeo juegue un papel impulsor, como ya ocurrió en el 2015 cuando solicitó por primera vez la puesta en marcha de un marco legislativo que permita regular las prácticas abusivas.

Se debería establecer a nivel europeo una normativa que defina, entre otras medidas, dichas prácticas y que obligue a la creación de agencias de control nacionales, como la que ha introducido España, con capacidad de imponer sanciones administrativas.

Este debate coincide con el inicio de las discusiones sobre la próxima reforma de la Política Agrícola Común y ambos asuntos constituyen, desde mi punto de vista, dos caras de la misma moneda pues en los dos casos se debería perseguir el objetivo de mejorar el posicionamiento de los productores agroalimentarios europeos. Unas normas claras a nivel europeo para evitar prácticas abusivas y para reforzar el margen de negociación de los productores primarios en la cadena alimentaria son tan importantes (o incluso más, en opinión de muchos) que el régimen de ayudas de la Política Agrícola Común.

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