La ponencia para la reforma del Estatuto concluye sin garantía de un acuerdo total

Integrantes de la ponencia, en la primera de las reuniones celebrada en noviembre. :: j. herreros/
Integrantes de la ponencia, en la primera de las reuniones celebrada en noviembre. :: j. herreros

La renovación del texto avanza a la fase de comisión con la abstención del PSOE y nuevos «flecos» que dejan en el aire las opciones de unanimidad

Teri Sáenz
TERI SÁENZLogroño

La ponencia legislativa que trabaja desde el pasado noviembre en concretar la reforma del Estatuto de Autonomía se cerró el lunes definitivamente. Un paso que agota las múltiples prórrogas acordadas hasta ahora para tratar de consensuar algunos de los aspectos que más separan a los grupos parlamentarios pero que, sin embargo, tampoco garantiza que el proceso concluya con la unanimidad sobre la que se habían conjurado los implicados.

La mesa de la ponencia acordó con el voto a favor de PP y Cs y la abstención del PSOE -Podemos no está presente en el órgano- dar por concluidos los trabajos en esta fase y pasar así al estadio de la Comisión Institucional. Los servicios jurídicos de la Cámara deben ahora elaborar un informe aquilatando la tarea desarrollada y sobre el cual los grupos tratarán de limar las diferencias existentes. Discrepancias de las que también pende el apoyo de la formación morada y que, según los socialistas, merecían haber seguido negociándose antes de dar el paso y que alcanzan algunos de los aspectos que parecían superados. Entre ellos, el relativo al senador autonómico. Si en principio se presumía una sintonía para que el puesto no estuviera supeditado a la condición de diputado regional, el PSOE abre ahora la puerta a que el representante elegido por el hemiciclo para figurar en la Cámara Alta tenga también escaño en el Parlamento y mantener así la conexión entre ambos foros. La horquilla de diputados que populares y Cs han concretado en 31/39 -frente al 32/40 actual- es otra de las aristas vivas, así como las competencias ejecutivas de prisiones ceñidas al mantenimiento de las instalaciones en La Rioja. En el mismo impás se encuentra la definición de la legislatura autonómica en caso de un virtual adelanto electoral o el número máximo de consejerías, que los socialistas rechazan limitar a diez para no coartar la autonomía del presidente de turno. En el haber del acuerdo, la ponencia consensuó ayer introducir las garantías para el uso del braille y el lenguaje de signos en la carta de derechos o el blindaje de la figura del Defensor del Pueblo.

La Comisión deberá ahora intentar cerrar un acuerdo con el objetivo tácito de llegar al pleno que debe ratificar el texto sin enmiendas vivas. Y todo ello, mientras los plazos siguen estrechándose e incluso podría obviarse el trámite de solicitar el parecer el Consejo Consultivo.

 

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