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Los representantes de la Plataforma por la Libertad de la Enseñanza en La Rioja. JUAN MARÍN

La concertada pedirá cautelares para paralizar la supresión de 10 unidades anunciada por Cacho

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja ha pedido a la presidenta autonómica, Concha Andreu, una reunión para solicitarle «un cambio de rumbo» en su política educativa

Luis J. Ruiz

Logroño

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Jueves, 28 de mayo 2020, 11:40

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La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, que engloba a todos los centros concertados de la región, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha anunciado que utilizará todas las medidas que estén en su mano para que no se lleve a cabo la reducción de líneas anunciada por el Consejero de Educación. En concreto, ha explicado Carlos Torres, presidente de Concapa, se solicitará la adopción de medidas cautelares para que los centros puedan ofertar en el próximo proceso de escolarización las plazas de primero de Infantil que Educación pretende eliminar (dos aulas de 25 alumnos en Alcaste y una en Escolapias, Salesianos y La Inmaculada, todos en Logroño).

Ana Isabel Preciado, presidenta de Escuelas Católicas La Rioja, ha acusado al consejero Luis Cacho de adoptar la medida por motivos «ideológicos». Así, frente a lo argumentado por Cacho, Preciado ha recordado que ya en el pacto de gobernabilidad suscrito entre el PSOE, Podemos e Izquierda Unida se preveía que, en caso de tener que reducir unidades escolares, se hiciera en la red concertada. «Es ideológico ya que, la propia Henar Moreno dijo el 23 de diciembre que el cheque del Bachillerato había desaparecido por motivos ideológicos», ha defendido Preciado.

«El consejero dice que se suprime un 1% de las aulas concertadas, pero hay que tener en cuenta que en Logroño se están suprimiendo 7 líneas de primero de Infantil sobre 30» y que eso se arrastrará en años sucesivos hasta «suprimir 81 unidades de 567, es decir el 15% de la oferta», ha completado.

Alejandro Vesga, responsable de la Federación de Enseñanza de USO de La Rioja, ha puesto sobre la mesa los datos y ha abordado la cuestión de las ratios asegurando que la mínima acordada por el Ejecutivo regional no viene a «equilibrar la de los centros públicos y los concertados» ya que, ha recordado, la de los concertados era superior a la de los públicos. «En algún caso se eleva esa ratio hasta el 30% y el aumento medio es del 25%», ha dicho

«El consejero afirmó que hasta ahora las ratios mínimas se articulaban a través de un artificio alegal y en desuso. Eso no es así y en Valencia, por ejemplo, es lo que se hace para el próximo curso», ha dicho Vesga, recordando que el sistema vigente hasta este curso «garantizaba el cumplimiento de las normas y de la equidad entre los centros».

Tras asegurar que aplicando las ratios exigidas para los centros concertadas a los públicos habría 138 aulas que no alcanzarían ese mínimo de alumnos, ha recurrido también al argumento del coste de las plazas en una y otra red. «En Infantil y Pirmaria, el coste de un alumno es de 4.425,58 euros y en la concertada de 2.717,07 euros. En ESO, la pública cuesta 6.840 euros por alumno y 3.543 en la concertada». En todo caso, no ha explicado si en ese coste de la media también están incluidos los centros rurales que dan servicio en localidades a las que no llega la concertada.

Carlos Torres, por su parte, además de recordar la manifestación a bordo de vehículos de este fin de semana, ha insistido en que continúan «con la mano tendida para recuperar el diálogo y llegar a un acuerdo beneficioso para toda la educación de La Rioja», por lo que van a solicitar una reunión con la presidenta regional, Concha Andreu, «para que cambie este rumbo que no lleva a nada bueno».

Esa buena voluntad, en todo caso, no es incompatible con activar todos los mecanismos de defensa de sus intereses posibles. «Hemos presentado un recurso de alzada y, si procede, las medidas judiciales correspondientes», ha dicho antes de incidir en que, llegado el caso, se solicitará la adopción de medidas cautelares para que los centros puedan ofertar durante este proceso de escolarización las unidades que Educación pretende suprimir, especialmente las de primero de Infantil.

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