Piden 7 años por tener once trabajadores ilegales en un taller de calzado de Arnedo

Imagen de archivo de un taller ilegal descubierto en Arnedo. :: p.n./
Imagen de archivo de un taller ilegal descubierto en Arnedo. :: p.n.

El imputado aprovechaba la situación de necesidad de las personas para imponerles «condiciones laborales perjudiciales», recoge el fiscal

LUIS J. RUIZ LOGROÑO.

A última hora de la tarde del 27 de marzo del 2017 la tranquilidad se rompió en uno de los bajos del edificio ubicado en la calle Renocal (esquina con avenida de Benidorm) de Arnedo. Al interior de ese local accedían agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Logroño e Inspectores de Trabajo. No se sorprendieron con lo que vieron en su interior: D.R., como sospechaban, había creado un taller de montaje de calzado en el que trabajaban de manera ilegal once personas.

El local constaba de dos plantas. Subiendo por unas escaleras se accedía al taller. Era un espacio diáfano, de unos 250 metros cuadrados con tres aseos y un lavabo, describe el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. En el centro de la sala una estufa de leña encendida en la que se estaban quemando trozos de palés de madera y al fondo, un depósito de gasoil con capacidad para 200 litros y lleno a tres cuartas partes de su capacidad. No había contacto directo con el exterior. «Las ventanas estaban tapadas con telas gruesas que impedían el paso de la luz natural», dice el fiscal, que considera que los trabajadores se expusieron a «atmósferas explosivas por la existencia de polvo en suspensión procedente del rebajado de piezas; riesgos por utilización de productos químicos o riesgos cancerígenos por la presencia de productos como tintes, adhesivos y ceras adheridas al material manipulado». A todo ello añade que «el bidón de plástico lleno de combustible se encontraba próximo a la estufa de madera, instalación claramente insuficiente para calentar la estancia, suponiendo un grave riesgo de incendio y explosión».

D.R. (33 años de edad y natural de Georgia) era el responsable de todo. Se sentará esta mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. El fiscal le imputa un doble delito contra los derechos de los trabajadores y reclama para él una pena de siete años de prisión. Cuando logre la libertad condicional o acceda al tercer grado, pide el Ministerio Público que sea expulsado de España durante 10 años. Además solicita el abono de una multa de 6.000 euros.

El Ministerio fiscal sostiene en su acusación la precariedad y los riesgos del espacio de trabajo

Los once trabajadores (10 georgianos y un ecuatoriano) que realizaban labores de cosido, guarnecido o pespunte de piezas de calzado en el taller, estaban en situación irregular en España y no habían sido dados de alta en la Seguridad Social. De eso, «de su situación de necesidad», es de lo que, dice la fiscalía, se aprovechaba el acusado que «les había impuesto unas condiciones laborales perjudiciales, pagándoles por pares de zapatos manufacturados y no por días trabajados».

 

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