El parto de Toledo

Voy a ser, según el lenguaje progre, políticamente incorrecto. No hay ningún partido político, con representación parlamentaria al menos, que anteponga el bienestar de los ciudadanos a sus intereses partidistas. Lo vemos todos los días en sus declaraciones y postulados: varían según conveniencia. La última, el pasado miércoles 26 de septiembre, que más que un acuerdo fue un parto, el parto de Toledo. En 1995 se constituyó, con la aquiescencia de todos los partidos del Parlamento, el Pacto de Toledo con la finalidad de hacer recomendaciones no vinculantes al gobierno de turno para salvaguardar nuestro Sistema de Pensiones. Pues bien, como he dicho anteriormente, el pasado día 26, con un ojo puesto en las próximas elecciones, acordaron nuestros políticos decir que recomiendan al gobierno actualizar las pensiones al IPC. Piensan que 'muerto el perro se acabó la rabia', pero ni mucho menos. Solo han hecho como Pilatos, lavarse las manos. En la letra pequeña del acuerdo dicen que se actualizarán las pensiones al «IPC real» y todos nos preguntamos, ¿y eso qué es? No se sabe. Lo más probable es que se «inventen» un IPC especial para pensionistas donde no entren subidas de bienes y servicios que «en teoría» no son consumibles por nuestros mayores. Además de esta incógnita han dejado otra en el aire todavía más importante, ¿de dónde va a salir la financiación? No saben, no contestan. Bueno sí, la ministra del ramo, además de confesar que no entiende de economía, dice que todo se soluciona aumentando los ingresos de las cotizaciones y generando más empleo, que es lo mismo que no decir nada porque hay que repreguntarle: ¿y cómo? Para más inri el parto tuvo lugar el mismo día que el Secretario General de la Seguridad Social, Octavio Granado, dijo en una conferencia que el sistema no aguanta más de diez años. Y este señor de esto sabe algo, no en vano ocupó el mismo cargo con Zapatero y ante la falta de recursos no tuvo más remedio que congelar las pensiones en el 2011, alargar la edad de jubilación a los 67 años a partir del 2027 y ampliar a 25 años el cálculo de la base reguladora.