El Parlamento riojano insta a prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores

La Comisión de Salud y Políticas Sociales del Parlamento de La Rioja ha aprobado una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno riojano a presentar un proyecto de ley que prohiba la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años.

Esta PNL, presentada por el Grupo Parlamentario del PSOE, ha sido aprobada con los votos afirmativos de este partido político y del PP; la abstención de Podemos-IU y la negativa de Vox.

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha defendido que «cada vez más chicos y niños consumen bebidas energéticas como si fueran refrescos normales, pero son productos con mucha azúcar y taurina, dirigidos a adultos y de uso puntual». «Mientras no exista una ley estatal, La Rioja debe y puede actuar, porque tenemos competencias en salud pública y consumo, y hemos legislado en ámbitos similares», ha asegurado.

Por su parte, la diputada del PP Cristina Antoñanzas ha indicado que «es imprescindible un marco común para todo el territorio nacional y que no se siga posponiendo una decisión que afecta al futuro de los jóvenes». «Animamos al Gobierno central a ejercer su responsabilidad y asumir el liderazgo que le corresponde para una regulación nacional de este tipo de productos y muchos otros», ha explicado.

El diputado de Vox, Héctor Alacid, se ha mostrado más favorable de «educar que de restricciones generales que repercuten en el consumidor y en el eslabón más bajo de la cadena». Además, la portavoz del Grupo de Podemos-IU, Henar Moreno, ha señalado que comparte «el espíritu de esta PNL, pero tiene problemas competenciales».

Por otro lado, esta comisión ha dado su visto bueno por unanimidad a otra PNL del PSOE para que el Ejecutivo regional impulse campañas informativas sobre los derechos de los consumidores ante las llamadas comerciales no deseadas. González de Legarra ha precisado que «miles de riojanos siguen recibiendo llamadas comerciales no deseadas, y muchos no saben cómo defenderse ni a quién acudir porque las compañías se las ingenian para eludir la norma».