El Parlamento aprueba tramitar una reforma exprés del Estatuto para agilizar el proceso

Cuando todo apuntaba a que los populares tumbarían la posibilidad de seguir adelante por esta vía después de que Podemos confirmara su abstención -«la reforma debe ser profunda, participativa y contemplar derechos, y no vamos a entrar en el juego de titulares, postureo y estrategias electoralistas», aseguró Ana Carmen Sainz- su voto a favor abre la puerta a pasar del plano teórico a su concreción legislativa. Y no sólo eso, sino que el procedimiento se acelere para cumplir los plazos que se estrechan y la renovación de la principal normativa que rige la comunidad sea realidad antes de las próximas elecciones.

Entre las ya recurrentes acusaciones cruzadas de tacticismo, el portavoz del Grupo Popular adelantó cuál será su postura en la comisión que ahora debe abrirse para articular la reforma: enmendar el texto exprés de Cs/PSOE incorporando la formulación que el PP planteó a Cs, prescindiendo de la comparecencia de expertos o el informe del Consejo e instando a la tramitación por el procedimiento de urgencia. Una hoja de ruta que, según Jesús Ángel Garrido, haría factible aprobar la reforma del Estatuto entre finales de octubre o principios de noviembre para enviarlo de inmediato a las Cortes donde debe ratificarse. «No es una amenaza, sino una obviedad: el PP es el único partido imprescindible para que salga adelante», apostilló descargando la responsabilidad en el PSOE, cuya complicidad es obligada para recabar la mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara exigida en estos casos y que, a su juicio, el principal partido de la oposición ha rehuido por razones estratégicas. Y como ejemplo, el «mezquino» post-it que según aseguró un diputado socialista trasladó durante la ponencia a una homóloga de Podemos opinando que si la reforma prosperase sólo beneficiaría a José Ignacio Ceniceros.

La acusación caldeó el debate y los ánimos de la oposición. «No vamos a permitir que el señor Villarejo-Garrido convierta algo tan bonito como el Estatuto en un lodazal», le espetó Concepción Andreu garantizando que la «irreprochable y acreditada» voluntad autonomista de su partido desmiente cualquier acusación de obstruccionismo por parte de quien «ha recortado el autogobierno». «Legislatura tras legislatura el PP ha tenido mayoría absoluta y no ha querido completar la reforma», contraatacó la portavoz socialista, justificando su colaboración con una fórmula exprés que siempre ha rechazado con la posibilidad de desatascar y enriquecer un proceso hasta ahora empantanado y acuciado por los plazos. «La reforma no debe ser una vulgar imitación ni limitarse a cuatro puntos, sino llegar a un estatuto de calidad que nos iguale para que La Rioja no sea menos que nadie», remachó.

Diego Ubis compartió el afán agilizador sugerido por Garrido sin olvidar reprochar a PP y PSOE su negativa a cerrar la ponencia que estudia la reforma tal y como propuso Cs en mayo. El portavoz naranja puso el acento en la supresión de aforamientos -«o se es fiel a la promesa de acabar con los privilegios o la ciudadanía entenderá que se sigue protegiendo la corrupción»- invitando a cerrar así de facto la ponencia con los acuerdos ya alcanzado e incluso sacar del debate en comisión la cuestión de la horquilla de diputados que su proposición fija en 25 como mínimo, un límite con el que el PSOE nunca ha comulgado exigiendo que cuando menos la Cámara se mantenga en 33 escaños.

Sainz resumió las posturas del resto acusando al PP de ralentizar el proceso, afeando la incoherencia de los socialistas y cuestionando el interés regenerador de un Cs «que permite que siga en el Gobierno el partido del señor con un chalé ilegal».