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Un ciudadano consulta precios en una inmobiliaria. :: A. Gómez
Los notarios riojanos advierten de la «inseguridad jurídica» de firmar ahora una hipoteca

Los notarios riojanos advierten de la «inseguridad jurídica» de firmar ahora una hipoteca

Clientes y entidades bancarias mantienen en La Rioja la firma de los créditos hipotecarios ya acordados, aunque ya se han vivido algunos aplazamientos y suspensiones

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Jueves, 1 de enero 1970

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Nadie se atreve a moverse por no dar un mal paso y caer desde la cuerda floja que ha tendido el Tribunal Supremo. La firma de los créditos hipotecarios ya pactados se desarrolla, de momento, con normalidad en las notarías riojanas a la espera de una decisión definitiva sobre quién debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados. La sección segunda de la sala tercera del Supremo, especializada en derecho tributario, dictó el pasado jueves una sentencia que desmontaba toda la jurisprudencia existente al acordar que son las entidades bancarias quienes deben correr con dicho gasto, un fallo que será examinado por el Pleno del Alto Tribunal que ayer anunció la decisión definitiva el 5 de noviembre.

Aunque la mayoría de bancos y cajas optaron el viernes por eliminar o desactivar de sus páginas web toda la información hipotecaria y los simuladores virtuales, una situación que persistía en algunas a media tarde de ayer, y las futuras condiciones de los préstamos se diseñarán cuando el alto Tribunal aclare el panorama, las firmas de los créditos hipotecarios ya pactados se desarrollaban ayer con normalidad en La Rioja, según confirmaron varias de las entidades consultadas por Diario LA RIOJA. «Se está operando con total normalidad, el cliente que tiene la cita concertada puede firmar o aplazar la rúbrica, pero tanto el viernes como el lunes se firmaron la práctica totalidad de las previstas», explicaban fuentes de Bankia, que recordaban que «las condiciones son las mismas que hay desde hace tres décadas. Una vez que se pronuncie el Supremo se analizará la situación y se tomarán las decisiones que haya que tomar, si hay que tomar alguna». En el mismo sentido, desde Caixabank se aseguraba que «estamos actuando con total normalidad, la ley no ha cambiado y todo sigue igual. Una vez se modifique y se publique en el BOE, se tomarán las medidas pertinentes». Desde Ibercaja se limitaron a señalar que siguen las «directrices de CECA», la asociación bancaria.

Todo en el aire

En el mismo diagnóstico incidía Carmelo Prieto Ruiz, decano del Colegio Notarial de La Rioja, al explicar que «desde el viernes nosotros informamos al consumidor del contenido de la sentencia y de que hasta que la decisión sea definitiva no podemos determinar con seguridad jurídica a quién corresponde el pago del impuesto. Las escrituras se siguen autorizando con esa advertencia y veremos luego», aclaraba, para admitir que «es cierto que ha habido algunos aplazamientos y suspensiones».

«De momento está todo en el aire», resumía el decano, que aclaraba que «la normativa jurídica lo que determina es que se aplique la ley y el reglamento vigente, el que tenemos desde 1987, hasta que se publique la sentencia del Supremo en el BOE».

No oculta, sin embargo, Prieto Ruiz la incomodidad del sector: «Está ocurriendo todo lo contrario a lo que deseamos, porque nosotros velamos por la seguridad jurídica y este tipo de situaciones lo que hacen es lo contrario, generar inseguridad jurídica, porque tenemos una norma confirmada jurisprudencialmente en multitud de ocasiones que de repente salta por los aires. No hay vacío legal, pero sí inseguridad jurídica», se lamenta, para recordar que «no nos queda más que esperar a la decisión definitiva para saber qué pasa».

Tampoco se mostraba nada satisfecho Santiago Baena Moreno, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja, quien «a la espera de la lectura completa de la sentencia», considera que «entra dentro de la lógica y es ajustada». Su malestar se dirige a la Sala Tercera del Supremo por su «comportamiento populista y demagogia brutal, que está provocando incertidumbre de los mercados y, a la vez, inseguridad jurídica». En este sentido, Baena recuerda que «lo sorprendente no es la sentencia en sí, sino el alcance que va a tener. No es de recibo que la justicia esté subordinada al pálpito de los mercados y a la economía de las entidades financieras y parece que si no hubiese afectado a eso la sentencia sería ideal».

Pendiente de la decisión del Supremo también están en la Asociación de Empresarios de la Promoción, Construcción y Afines de La Rioja (CPAR) de la FER. «Puede ocurrir cualquier cosa: que se quede como estaba hasta ahora y entonces probablemente no pase gran cosa; o que se acuerde cambiar el criterio, con lo cual el efecto será que las entidades bancarias nos suban las comisiones o creen nuevas para todos los españoles para hacer frente a esos pagos, lo que provocará que se dispare el diferencial de las hipotecas», resumen Juan Ramón Liébana, su secretario general, que advierte de que «si ocurre eso, el que saldrá perjudicado es el ciudadano de a pie y, por supuesto, las empresas porque eso repercutirá en la incipiente recuperación que estamos viviendo. Sería un nuevo jarro de agua fría que, por cierto, casi siempre llega del mismo sitio, la banca, que, además es una competencia desleal para el sector inmobiliario. Igual hay que cambiar los criterios e igual a veces la banca tiene que pagar también».

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