«Sería necesario que se reconociera el daño social»

Pilar Ruiz, presidenta de la Asociación Española de Trabajadores Sociales Forenses./Sonia Tercero
Pilar Ruiz, presidenta de la Asociación Española de Trabajadores Sociales Forenses. / Sonia Tercero

Destaca entre los retos que afronta su profesión «la intervención en campos en los que todavía no estamos, ampliar las plantillas y que haya turnos, guardias para asesorar a los jueces, por ejemplo, en la valoración de riesgo de la violencia de género»

Carmen Nevot
CARMEN NEVOTLogroño

Por primera vez los trabajadores sociales de España han celebrado este viernes y lo continuarán este sábado su primer congreso anual en Madrid. Un encuentro inédito en el que abordarán, entre otras cuestiones, los retos a los que se enfrenta una profesión aglutinada en torno a una asociación que preside la riojana Pilar Ruiz Rodríguez, experta en mediación, que desde 1990 trabaja en los juzgados de esta región.

-El trabajo social forense es una profesión bastante desconocida, ¿cuál es su cometido?

- Por un lado somos trabajadores sociales y por otro, asesores dentro de los tribunales. Utilizamos las técnicas de trabajo social y las aplicamos a los conflictos del sistema judicial, tanto de manera individual como en equipo con psicólogo y médico forense. Cada uno, desde su disciplina, hace su estudio cuando el juez lo pide.

- ¿Es vinculante para el juez?

- En el sistema judicial español es habitual intervenir en los casos en los que los menores cometen hechos tipificados como delitos, en temas de guardas y custodias y custodias compartidas, en violencia de género y en malos tratos a menores y casos de abusos sexuales a menores. Si el juez solicita que hagamos una pericial en ese momento, si nosotros asesoramos al juez diciendo, por ejemplo, que la custodia tiene que ser compartida, aunque el juez tiene la última palabra sí que suele tener en cuenta los informes periciales porque se supone que somos expertos.

- Que sea el I Congreso da idea de que es una profesión nueva.

- El trabajo social aplicado a los tribunales en España empezó un poco antes de la Guerra Civil pero cuando se promulgó la ley de divorcio en 1987 se empezó a ver la necesidad de que los trabajadores sociales y psicólogos interviniéramos para asesorar a los jueces. Es algo relativamente reciente. Y luego hay una dificultad añadida y es que nacimos cuando llegaron las transferencias y estamos dispersas. En La Rioja estamos cuatro y estamos pocos y así en cada capital provincial.

- ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis?

- De la misma manera que los médicos forenses tienen reconocido reglamentariamente su rol profesional, sería necesario que trabajo social tuviera una reglamentación, estuviera recogido el rol profesional porque eso daría seguridad y estaría claro el perfil. Otro reto sería la intervención en campos en los que todavía no estamos, como en los desahucios, ampliar las plantillas y que haya turnos, guardias para asesorar a los jueces, por ejemplo, en la valoración de riesgo de la violencia de género. Que se reconozca el daño social, que una mujer, por ejemplo, víctima de violencia de género o una mujer que ha sido agredida sexualmente, además de daño físico y psicológico, puede sufrir una serie de daños y secuelas sociales, como pérdida de empleo, de amigos, de relaciones, de patrimonio y esto tendría que tener una valoración económica de indemnización de la víctima.