La FER denuncia a 16 colegios riojanos por la venta de libros escolares

Los libreros de la comunidad han presentado una demanda tras «evidenciar» que no se cumple la ley en la venta directa de libros de texto por parte de los centros de enseñanza, cuyos nombres la Asociación ha eludido especificar.

El fundamento de este procedimiento judicial se basa «en la protección de carácter de agentes culturales que la Ley de la lectura, del libro y las bibliotecas reconocen a las librerías», según ha explicado Silvia Martínez Soto, abogada del despacho Soriano y Zueco. «Estas prácticas están perjudicando el papel esencial de las librerías reconocido legalmente y pone el foco en la agresividad (definida así en el Código de Comercio), que de manera deliberada o no llevan a cabo estos centros escolares». La Asociación lleva años denunciando este modo de proceder en la venta de libros que gestionan directamente los centros, y es ahora cuando han decidido denunciar.

El presidente de la agrupación de libreros, Antonio Domínguez, ha explicado que «los colegios piden directamente a las editoriales el material y se quedan con los cheque-libros, y los gestionan ellos, por lo que se saltan lo que marca la ley». «Ha sido necesario reaccionar a estas prácticas desleales y ya se han puesto en marcha las pertinentes acciones no solo para denunciar estos procedimientos, sino también para que cesen lo antes posible», ha señalado la abogada Silvia Martínez.

La demanda de los libreros viene después de que el Ejecutivo regional anunciara la extensión de la gratuidad de los libros a toda la enseñanza obligatoria. La Asociación afirma que tras esta propuesta ya hay centros educativos de la región que «están anunciando a sus alumnos que van a ser ellos mismos los que gestionarán directamente estas compras«, que entienden que «es contrario a las normas que regula la competencia».

Según datos de la Asociación de Libreros, en La Rioja hay treinta librerías y el 40% de sus ventas anuales corresponden a la venta de libros de texto. Y estas prácticas de los colegios«, sostiene Silvia Martínez, «les está causando cuantiosos perjuicios económicos».