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M. MAYAYO
LOGROÑO.
Jueves, 25 de enero 2018, 00:03
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El presidente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, Enrique Jiménez Gabarri, pidió ayer al Gobierno regional que derogue el Plan Integral para la población gitana de La Rioja 2015-2018. Jiménez calificó el documento de «mentira» y «un engaño para los gitanos» y avisó de que a lo largo del año irá «pueblo por pueblo» o «casa por casa» -si es preciso- para intentar movilizar al colectivo (9.000 personas) y cambiar la situación.
Básicamente, su desavenencia con el gabinete de Ceniceros radica en que este programa (que incluye 121 medidas específicas) sufrió un recorte económico (de 3,3 a 2,4 millones de euros) entre su presentación en febrero del 2015 y su aprobación administrativa en junio del 2016 «sin explicación alguna» y en que se está trabajando con medidas de carácter general (es decir dirigidas a todos los colectivos sociales que las necesitan) y no específicas para la etnia gitana tal y como se preveía en el programa.
Jiménez enmarcó el Plan Integral 2015-2018 en una directiva europea que obligó a impulsar estrategias nacionales. La citada estrategia nacional llegó en el 2012 y de ella nació el I Plan Integral para la población gitana de La Rioja 2015-2018, presentado en el 2015, con los estudios y estadísticas realizadas por el propio colectivo (mapa de vivienda, situación educativa, empleo...). Pero lo que arrancó con un presupuesto de 3,3 millones cayó a 2,4 porque, entre medio, hubo un nuevo gobierno regional y este plan cambió de consejería: de Presidencia (donde Jiménez dijo haber preferido que quedara) a Servicios Sociales.
En junio del 2016, el documento se aprobó administrativamente. Desde entonces, según el relato del presidente de la asociación, no se ha hecho nada. En noviembre del año pasado se realizó un informe de seguimiento del periodo 2015-2016 que -dijo Jiménez- consistió en que las consejerías implicadas «rellenaran encuestas» y «a falta de datos objetivos proyectaron estimaciones», criticó.
Se quejó el presidente de los gitanos de que el plan sólo se está desarrollando con programas genéricos, de los que se beneficia cualquier colectivo social que lo requiera pero no hay ni rastro de la prometida especificidad para ellos. Y necesidad sí hay porque -enumeró- la renta media de un gitano es de 450 euros, el 97% de los niños no acaba la ESO, el 44% está en el paro, infraviviendas...
Jiménez recordó que en diciembre del 2016, su asociación abandonó la comisión de seguimiento, y en noviembre del 2017, la Federación Gitana Ezor Roma hizo lo mismo. «Desde noviembre el plan para los gitanos está sin gitanos», resumió.
La 'reprimenda' de los gitanos tuvo su 'contra' en el consejero Conrado Escobar, que aseguró que este plan ha sido «participado y consensuado con todas las entidades vinculadas a la población gitana» y, en particular, con la citada asociación. Recalcó que «lo importante es que el plan, en todas sus medidas, llegue a la totalidad de la población gitana». «Nuestra prioridad es hacer una sociedad cada vez más incluyente, inclusiva en la que todos tengan su espacio y también nuestra querida comunidad gitana». El PSOE exigió al Gobierno que cumpla sus compromisos y su grupo parlamentario pedirá explicaciones «por el abandono» del colectivo gitano de la comisión de seguimiento.
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