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La Rioja
Lunes, 15 de febrero 2021, 22:06
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La Plataforma de Temporales e Interinos de La Rioja (PIR) mantuvo este lunes una concentración frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja para «denunciar que los gobernantes actúan con total impunidad, se saltan las leyes y despiden libre y gratuitamente a personas que llevan entre 3 y 40 años trabajando para la administración pública».
Según recordó la organización convocante de la protesta, aunque los ciudadanos están obligados a cumplir las leyes y a pagar sus impuestos, «los que nos gobiernan actúan sin respetar la normativa española ni el derecho de la Unión Europea, que protege a todos los trabajadores y previene el uso abusivo de los contratos de duración determinada, debido a que no existe ningún control ni ninguna consecuencia para ellos».
Recordó también la Plataforma que desde hace más de 20 años, «todas las Administraciones Públicas españolas recurren a contratos temporales para cubrir necesidades de las plantillas que no son provisionales y urgentes, sino permanentes y estables, lo que constituye un abuso de la contratación temporal, prohibido por una norma comunitaria de obligado cumplimiento», en concreto la Directiva 1999/70/CE, que, agrega el colectivo, se incumple en España.
Y abundando sobre la legislación europea, PIR detalla que el Tribunal de Justicia de la UE exige que se imponga al empleador, privado o público, una sanción disuasoria para evitar que vuelva a recurrir al abuso y que elimine sus consecuencias en el trabajador. Las dos únicas opciones son: indemnizaciones disuasorias en favor de los trabajadores víctimas (si así lo recoge el ordenamiento jurídico del país miembro de la UE), y por otro lado, estabilización en su empleo de los afectados.
Sin embargo, y pese a todo el acervo legal existente, la Plataforma denuncia que se sigue incumpliendo la legislación en España y en La Rioja, una situación que llevan denunciando desde hace años. De ahí que, de manera sincronizada con el resto de organizaciones españolas de interinos, hayan decidido convocar una huelga en marzo, «que no se detendrá hasta que se cumplan las normas que debe cumplir todo estado de derecho».
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