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Viernes, 8 de junio 2018, 22:59
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Una imprudencia durante una quema agrícola sin autorización fue el origen de un incendio que arrasó 285.000 metros cuadrados de zona forestal en Bergasa y Arnedo. Su presunto autor, un riojano de 59 años, ha sido investigado penalmente por el Seprona, como responsable de un delito contra la seguridad colectiva por incendio forestal. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, tal y como indica la Dirección General de la Guardia Civil en una nota informativa, en la que además recuerda el alto riesgo de incendio por la llegada del verano.
El 27 de marzo, en los parajes la 'Vatenza' y 'Las Prailas' de los términos municipales de Bergasa y Arnedo, se declaró un fuego cuyas llamas arrasaron un total de 285.000 metros cuadrados (28,5 hectáreas) de zona forestal, con reforestación reciente de pino, encina y coscoja. Una vez se consiguió extinguir, especialistas en investigación de incendios del Seprona en La Rioja iniciaron las actuaciones para esclarecer las causas del fuego y, en su caso, identificar a la persona o personas que podrían estar implicadas en el mismo.
Las actuaciones llevadas a cabo determinaron que el origen del incendio se debió a una presunta imprudencia del ahora investigado, al haber realizado éste una quema ilegal de restos de poda en una parcela de su propiedad, sin haber llegado a adoptar unas mínimas medidas de seguridad y bajo condiciones climatológicas adversas (había rachas de viento superiores a los 35 kilómetros por hora).
El fuego se extendió con gran rapidez -recuerda la Guardia Civil- debido a que el implicado abandonó el lugar de la quema, sin haberse cerciorado de que ésta estuviera totalmente apagada y sin que hubiera transcurrido un periodo de tiempo suficiente para comprobar la ausencia de llamas o brasas incandescentes.
El Código Penal establece, para los que incendien montes o masas forestales, penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses. Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho con penas de diez a veinte años de prisión.
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