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El Gobierno requiere a una firma vinculada a 'Enredadera' que aclare su situación procesal

El PR+ desvelaba ayer la existencia de los dos contratos de Políticas Sociales con Aralia, que gestiona los centros de día de Alfaro y Santo Domingo

C.N.

LOGROÑO.

Miércoles, 29 de agosto 2018, 23:17

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La Consejería de Políticas Sociales solicitó el pasado martes un requerimiento a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.A., propiedad de José Luis Ulibarri, en prisión provisional por la trama 'Enredadera' para que aclare su situación provisional y si está siendo investigada. Una vez recibida la información, el Ejecutivo decidirá si es necesario tomar o no medidas legales o administrativas, según explicó ayer Conrado Escobar.

La petición de información se efectuó una vez que se difundió a través de este diario la relación de doce empresas vinculadas a 'Enredadera' y sobre las que el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) requirió documentación al Ayuntamiento de Logroño. Además de estas dos firmas, el Ejecutivo continúa analizando si alguna de las diez restantes figura entre las contratadas para la prestación de algún servicio.

Precisamente ayer, el presidente del PR+, Rubén Antoñanzas, desvelaba la existencia de estos dos contratos con Aralia formalizados por unos 3 millones de euros por el departamento de Políticas Sociales para gestionar los centros de día de Alfaro (octubre del 2017) y Santo Domingo de la Calzada (julio del 2018).

Antoñanzas exigía explicaciones «claras y urgentes» al Gobierno y calificaba de «significativo» que los contratos sellados sean recientes «cuando ya se sabía que Aralia Servicios Sociosanitarios es una empresa de la trama 'Enredadera'», una firma que, según el PR+ «controla el propio Ulibarri a través de su esposa, su hijo y su yerno». «Esto no tiene que implicar ningún tipo de irregularidad», pero uno de los contratos se adjudica cuando ya se sabía la vinculación de Aralia con 'Enredadera', «días después de que se registrase el Ayuntamiento de Logroño».

También ayer, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, apelaba a dejar el caso en manos de los jueces y recordaba que el Ayuntamiento está personado y ha pedido ser acusación particular en el procedimiento.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista de Logroño, Beatriz Arráiz, pedía al equipo de Gobierno (PP) que inicie los trámites para licitar el nuevo contrato de servicio de grúa e incoe un tercer expediente sancionador a la actual adjudicataria porque «las cámaras de los coches de Policía siguen sin funcionar».

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