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Juan Marín

IU exige al Gobierno riojano que negocie con Ibercaja el mantenimiento de sus oficinas rurales

Henar Moreno ha recordado que, a finales de año, Ibercaja anunció el cierre de sus 27 oficinas situadas en pequeños pueblos

la rioja

Lunes, 3 de febrero 2020, 14:39

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Izquierda Unida (IU) La Rioja exigirá al Gobierno de La Rioja en una proposición no de ley que negocie con Ibercaja el mantenimiento de su red de oficinas bancarias en pequeños municipios rurales riojanos.

La diputada regional de IU, Henar Moreno, y el secretario de Mundo Rural de IU La Rioja y alcalde de Camprovín, Arturo Villar, han detallado, en una rueda informativa que recoge Efe, el contenido de esta proposición no de ley, que será debatida en el pleno en el Parlamento de La Rioja del próximo jueves, día 6. En su propuesta, IU también incluye la petición al Gobierno nacional de crear una banca pública, solvente, fuerte y al servicio del interés general, en colaboración con las entidades bancarias rescatadas.

Moreno ha recordado que, a finales de año, Ibercaja anunció el cierre de sus 27 oficinas situadas en pequeños pueblos, a los que se prestará servicio mediante un autobús, algo que solo perjudica a los habitantes del medio rural, «ya castigados por la desaparición del acceso de otros servicios«. »Creo que es más fácil conseguir que no se cierren a que se reabran« las oficinas, ha considerado Moreno, quien ha opinado que el Gobierno de La Rioja debe negociar con Ibercaja y con otras cajas de ahorros y rurales, para que, a través de su Obra Social, mantengan la actual red de oficinas en los municipios ubicados en el entorno rural.

A su juicio, la tendencia a medio plazo de las entidades es la banca a distancia, pero ha señalado que la población de estos municipios, en su mayoría envejecida, sufre una brecha tecnológica, por falta de formación y de acceso a las tecnologías de comunicación, dado que «la principal barrera para este sector es el acceso a internet». Además, ha resaltado que la medida que sustituiría el servicio de las oficinas rurales, no solo afecta a que puedan o no sacar dinero, sino también a la seguridad de los habitantes del medio rural, acostumbrados a una «política de puertas abiertas» y a disponer de dinero en efectivo.

«Desbancarización»

Villar ha indicado que la media de edad de la población rural es de 70 años, de los cuales únicamente el 7 por cierto posee conocimientos basados en internet, algo que se suma a ser habitantes de las regiones donde existe una «menor cobertura» de servicios en línea. Ha precisado que el 2,8 por ciento de la población riojana sufre las consecuencias de la «desbancarización», con 87 municipios que carecen de oficinas a menos de 20 kilómetros de su lugar de residencia y que alcanzarían los 114, con el cierre de las 27 previstas de Ibercaja.

Por otro lado, esta proposición no de ley también incluye que el Gobierno riojano inste al Gobierno central a la creación de una Banca Pública «solvente, fuerte y al servicio del interés general, blindada ante cualquier tentativa de privatización» y formada por la las entidades bancarias que han sido rescatadas por medio de financiación pública, ha agregado Moreno. La diputada de La Rioja en IU ha señalado que la banca privada ha sido rescatada, desde 2008, con más de 350.000 millones de euros -un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de España- y que, desde 2012, la banca española ha acumulado unos beneficios superiores a los 62.000 millones de euros.

Por tanto, ha considerado que dichas entidades bancarias deberían tener «corresponsabilidad» con el cierre de las oficinas rural y, además, ha calificado de «grandes corruptelas» los servicios de venta de clausulas suelo y preferentes, «también respaldadas por el sector público».

Ha indicado que esta banca pública garantizaría el acceso de las personas a préstamos e hipotecas y la financiación de los negocios de las pequeñas y medianas empresas, algo que favorecería su «implantación en el medio rural». «No vale con decir que vamos a luchar con la despoblación» ha concluido Moreno, quien ha señalado que se deben desarrollar políticas que mantengan en personal y las oficinas de estas entidades bancarias, cajas de ahorros y cajas rurales para garantizar «la libertad de elección de residencia» de los ciudadanos.

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