La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
La Fiscalía reduce notablemente las penas solicitadas por dilaciones indebidas y los dos otros imputados acuerdan 10 meses y 15 días de prisión, pero no irán al centro penitenciario
Uno de los casos del reparto de hectáreas de viñedo, gran culebrón vitivinícola de este siglo en la Denominación Rioja, se ha cerrado este miércoles ... en la Audiencia Provincial con una notable reducción de las penas que, en principio, solicitaba la Fiscalía. El Ministerio Público, con el visto bueno de las defensas, ha llegado a un acuerdo previo que ha provocado que el juicio concluyese en apenas nueve minutos tras una larga tramitación, tan larga que las dilaciones indebidas han sido claves para esa reducción.
La exalcaldesa popular de Clavijo, Encarnación Albelda, ha reconocido los hechos y aceptado una multa de 6 meses con una cuota diaria de cinco euros (900 euros) y la suspensión durante seis meses para ocupar cualquier cargo público. En un principio, el fiscal pedía ocho años de prisión por falsedad documental. Finalmente ha sido condenada por un delito de falsificación continuada imprudente de documentos oficiales y mercantiles cometidos por autoridad administrativa y en la sentencia se ha explicado que la ex primera edil firmó los documentos «sin comprobar su contenido o veracidad, a lo que por su cargo estaba obligada».
Por su parte, Rubén y Marcos Sáenz López, los dos hermanos acusados de falsificar y alterar documentos para optar a más hectáreas de viñedo han aceptado 10 meses y 15 días de prisión y una multa de 900 euros cada uno después de que se les otorgaran 20,5 hectáreas de derechos de plantación tras acaparar sumando superficies inexistentes para tratar de convencer a la Administración de que disponían de 174 hectáreas de tierra. Debido a la carencia de antecedentes, no deberán entrar en el centro penitenciario si en un plazo de dos año no cometen ningún delito. En un principio, para Rubén se pedían ocho años de cárcel por falsedad documental y para Marcos tres años al no acusársele de estafa.
Todas las partes han aceptado los términos y se han comprometido a no recurrir la sentencia dictada este miércoles.
El magistrado ha resumido concisamente el complejo caso que nació del plan de los dos hermanos de «modificar documentos existentes cuyo contenido no correspondía a la realidad con el objetivo de aparentar una disponibilidad de superficie agraria que no les correspondía para obtener una mayor cantidad de superficie vitícola en el reparte de superficie de 2016».
Concretamente, en 2014 se acordó entre el Ayuntamiento de Clavijo y la empresa Apuesta Inmobiliaria Riojana un contrato privado de arrendamiento de varias fincas. Los acusados, tras ser excluidos provisionalmente del reparto de viñedo, alegaron para «justificar la disponibilidad de la superficie cuestionada por la Administración» e incluyeron una mayor superficie, además de un informe firmado por la alcaldesa en los que se ratificaba el alquiler de otras parcelas más extensas y que estas iban a ser destinadas a la plantación. Durante el proceso de revisión de oficio del reparto, ambos presentaron dos documentos alterados con fecha de 30 de junio de 2015 y 13 de mayo de 2016 a la primera edil que «sin comprobar su contenido o veracidad» firmó. «La alcaldesa reforzó la pretensión de obtención firmando el informe que le fue presentado», ha leído el magistrado.
Gracias a estas maniobras, ambos lograron, en un primer momento, las autorizaciones para hincar 20,5 hectáreas «en perjuicio de otros solicitantes».
Antecedentes del caso
En la sesión se ha dado por buena el escrito del Ministerio Público, que señala que, en el año 2008, se constituyó una empresa dedicada a la explotación de fincas rústicas y urbanas, con sede en Logroño y de la que figuraba como apoderado el acusado para el que el fiscal pide tres años de prisión. En junio de 2014, el Ayuntamiento de Clavijo arrendó a esta empresa el uso de fincas rústicas patrimoniales por cinco años y con una renta de 150 euros al año.
El fiscal asegura que los dos hermanos acusados alteraron ese contrato, que, en su origen, señalaba que el negocio jurídico de arrendamiento se limitaba a un determinado recinto de una parcela, con una superficie de 22.006 metros cuadrados (2,2 hectáreas). Con la modificación, se aparentaba obtener la posesión de la totalidad de la superficie de esa parcela, con una extensión de 1,7 millones metros cuadrados (174,2 hectáreas).
La Administración otorgó al acusado las autorizaciones para la plantación de viñedo por una superficie de 20,5 hectáreas en 2016. Varias actuaciones permitieron conferir a este acusado la apariencia de disponibilidad de superficie de la que en realidad carecía. Entre esas actuaciones, cita un contrato de 2014 modificado; el informe de la que era alcaldesa de Clavijo en 2016, que acreditaba que se habían arrendado varios recintos de esa parcela; y la modificación del anexo del contrato de 2015, por el que la empresa arrendaba al acusado la parcela.
Casos pendientes
El Gobierno de La Rioja señaló que en el ámbito administrativo hay tres asuntos pendientes de decisión por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo relativos a la nulidad de la concesión de nuevas plantaciones y a la declaración de viñedo plantado como ilegal. Dichos contenciosos, añadió, están pendientes «porque la Sala declaró la prejudicialidad penal con relación a los mismos», es decir, «en tanto la decisión de lo Contencioso-Administrativo pudiera depender de la sentencia penal se suspendió la tramitación de los mismos».
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