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TERI SÁENZ
LOGROÑO.
Martes, 19 de diciembre 2017, 23:46
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La comisión de investigación del Parlamento que analiza la aprobación definitiva del Plan General de Villamediana tenía ayer una cita clave con la presencia ante del hemiciclo del alcalde de la localidad durante los años que se tramitó el texto, Tomás Santolaya. La sesión, sin embargo, se sustanció en poco más de una hora y apenas aportó novedades ante la negativa del compareciente a responder a las preguntas formuladas alegando un doble motivo: la falta de competencias de que, a su juicio, adolece la comisión para fiscalizar a una institución municipal -«es un atentado contra la autonomía local y todos los ayuntamientos podrían sentirse amenazados», señaló como preámbulo- y el hecho de que el caso esté inmerso en un proceso judicial. «Estoy aquí convocado indebidamente», concluyó antes de facilitar un escrito exponiendo sus razones y subrayar otro puñado de aspectos. Por un lado, que el PGM de la localidad contó para su aprobación con todos los informes favorables y, por otro, que cuando se validó definitivamente en el 2013 nadie lo recurrió en los plazos establecidos. «No voy a entrar en acusaciones que buscan más un interés personal y político», agregó el exprimer edil mostrándose orgulloso de haber comandado el Ayuntamiento que sacó adelante un Plan que «nadie se atrevió a acometer y ordena el urbanismo para todos, sean del color político que sean, y en igualdad de condiciones». «Nunca he ido contra la legalidad ni contra ninguno de los informes técnicos emitidos», remachó.
La estrategia de Santolaya siguió el guión adoptado por la secretaria del Consistorio villametrense, Myriam Torbado, quien el 28 de noviembre limitó sus respuestas ante la misma comisión cuestionando también sus competencias. Su cerrazón no impidió sin embargo que cada grupo le trasladara sus interrogantes o reflexiones durante una sesión marcada, como la precedente, por una notable crispación. «Yo nunca he actuado contra legalidad», fue lo único que extrajo del exalcalde el diputado de Cs, David Vallejo, que focalizó sus dudas tanto en la actividad privada del arquitecto municipal como en la constancia oficial de construcciones al margen de la ley. En una línea similar, Natalia Rodríguez (Podemos) se interesó por la omisión del deber de actuar después de que el entonces presidente de La Rioja, Pedro Sanz, apuntara en sede parlamentaria la existencia de 700 inmuebles levantados irregularmente en suelo rústico. «Algunas preguntas son de parvulitos», se ciñó a opinar Santolaya.
Más contundente aún se mostró el socialista Francisco Ocón, quien tras recapitular las infracciones cometidas entre el 2008 y el 2012 por el ahora vicepresidente primero del Senado en las obras de su caseta de aperos acusó a Santolaya de ser «colaborador necesario» en la estrategia de Sanz para eludir su responsabilidad. «Pediremos que la comisión siga abierta hasta que concluya el procedimiento judicial», advirtió el secretario general del PSOE para contrarrestar la obligación de silencio invocada por parte del exalcalde. Por el PP, el también concejal en aquella localidad, Jesús Ángel Garrido, recalcó que el objeto de la comisión se circunscribe a la aprobación del PGM por la COTUR en el 2013, recordando además la negativa de la actual regidora del PSOE a facilitar documentación requerida por el hemiciclo por motivos parejos a los de Santolaya y Torbado. «La Rioja espera mucho más de alguno de ustedes», espetó el compareciente a sus señorías como colofón: « Como dice el refrán, 'zapatero a tus zapatos'».
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