EVOLUCIÓN, INTERPRETACIÓN Y CONSTITUCIÓN

Lectura de los artículos de la Constitución española./Antonio Díaz Uriel
Lectura de los artículos de la Constitución española. / Antonio Díaz Uriel

JUAN OCÓNLogroño

Pretendemos que esta Constitución dure, que sea una Constitución que mire hacia el futuro, a cuyo efecto uno de los factores decisivos es prever los cambios técnicos que pueden afectar al ejercicio de las libertades». Los cuarenta años de recorrido constitucional nos permiten hoy valorar el éxito del propósito que encierran estas palabras de Jordi Solé Tura -uno de los denominados 'Padres de la Constitución'- pronunciadas durante su elaboración.

Junto a las normas que se ocupan de la organización del Estado, las constituciones reconocen típicamente ciertos derechos y libertades fundamentales. Se trata de normas orientadas a garantizar la inmunidad de los ciudadanos en determinados ámbitos de la realidad que se consideran esenciales: poseer una propia ideología, profesar una determinada religión, expresarse libremente o mantener lejos de intromisiones ajenas aquello que queremos que pertenezca a nuestra esfera privada.

Precisamente porque protegen ámbitos de la realidad, cuando ésta evoluciona -o simplemente cambia- las que regulan los derechos fundamentales son las primeras normas que necesitan ser actualizadas al nuevo escenario que están llamadas a tutelar. Y, aunque el paso del tiempo ha tenido, obviamente, incidencia en los cuarenta años de vigencia de nuestra Constitución, ninguno de los artículos que recogen esos derechos fundamentales ha sido modificado. Seguramente porque no ha sido suficientemente necesario.

La Constitución, como 'norma de normas', requiere cierta estabilidad y difícilmente podría soportar el ritmo de reformas que exigiría acompañar instantáneamente el frenético compás de la evolución social. Repárese, además, en que la reforma no es la única herramienta, ni frecuentemente la más adecuada, para adaptar el texto de las normas constitucionales a la fluida realidad del momento.

Consciente de ello, nuestro constituyente redactó las normas iusfundamentales en unos términos suficientemente -y al menos pretendidamente- abiertos, posibilitando al operador jurídico evitar (o al menos paliar) la obsolescencia de algunos preceptos mediante el uso de la herramienta de la que dispone para su acomodo «a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas»: la interpretación.

Así, la buena labor de quienes elaboraron la Constitución y la pericia de sus intérpretes (principalmente el Tribunal Constitucional) y operadores jurídicos ha permitido, por ejemplo, considerar protegidas las comunicaciones electrónicas, aunque la norma siga mencionando las «telegráficas». O que, a partir de la previsión constitucional de limitar la informática para garantizar los derechos del ciudadano, naciera un auténtico derecho fundamental a la protección de datos hoy convertido en bastión frente a los omnipresentes desafíos del 'big data'. Así como, más recientemente y como vertiente de aquél, alumbrar el jurisprudencialmente denominado «derecho al olvido».

En otras ocasiones, la Constitución ha probado su elasticidad para soportar, ya no solo cambios técnicos, sino para ir más allá y alcanzar a adecuar sus preceptos a cambios sociales o valorativos como la conformidad con la constitución de la despenalización parcial del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la nueva y variada idea de familia. Entre muchos otros.

Es evidente que la trepidante evolución de nuestro siglo planteará nuevos y variados retos a la Carta Magna. Por ello, y aquí viene la casi obligada reivindicación universitaria, la ineludible apuesta por la imprescindible investigación que nos permite avanzar como sociedad incluye la investigación en ciencia jurídica, que proporciona los recursos técnicos para identificar los problemas actuales y anticipar el tratamiento de los futuros proporcionando instrumentos y abanicos de opciones a las instituciones y a los actores jurídicos y políticos.

Con ello y con la voluntad política que nuestra sociedad pone de manifiesto indubitadamente, la vital longevidad de nuestra Constitución está por el momento garantizada.

JUAN OCÓN. Investigador doctoral. Grupo de investigación 'Poderes públicos y derechos: nuevos escenarios' de la Universidad de La Rioja.

 

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