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TERI SÁENZ* esaenz@diariolarioja.com
LOGROÑO.
Lunes, 18 de septiembre 2017, 23:50
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El presidente de la Comisión de Contratación constituida en el 2010 para analizar la propuesta de 'Aparcamientos CIBIR' para la gestión y explotación del parking afirmó ayer ante el ente del Parlamento que investiga el caso que las cuatro firmas que conformaron la única sociedad que concurrió -Inmobiliaria Ortega, Rentyal, Construcciones Zenón Hernáiz y Fincas la Emperatriz (ésta, posteriormente, cambió de denominación sin alterar el contrato)- cumplían «en conjunto» todos los requerimientos de solvencia técnica y económica exigidas en el procedimiento negociado que luego aprobó el órgano de contratación. El también director de gestión de la Fundación Rioja Salud, José Ignacio Maiso, recalcó que la mesa que integró junto a otras dos profesionales fue «colegiada» y estrictamente «técnica». Como prueba de su quehacer, recordó que ni la Intervención General del Estado ni luego el Tribunal de Cuentas detectaron ningún tipo de irregularidad ni incumplimientos en el proceso durante la fiscalización posterior a que se sometió.
En un tenso interrogatorio que concluyó con la decisión, a propuesta de C's con el apoyo del PP, de no llamar al resto de integrantes en aquella comisión de contratación pese a estar ya convocados -«el acuerdo fue consensuado y no aportarían nada nuevo», razonó Tomás Martínez Flaño ante las protestas de PSOE y Podemos al juzgar que así se hurta poder contrastar las versiones- Maiso marcó distancias entre la fase de contratación y cómo ha resultado la gestión del aparcamiento, que apenas alcanza el 4% de uso cuando la previsión apuntaba al 22% obligando luego a una compensación por la ruptura del equilibrio financiero. «El estudio de ocupación se hizo en el 2006 y la comisión de contratación se creó en el 2010», empezó recordando Maiso para desmarcarse del desarrollo posterior del contrato. «Nos ceñimos como técnicos a que se cumplieran las condiciones (...) no se podía saber cómo sería la ejecución e iba a evolucionar la situación», zanjó.
Carencias «importantes»
Las explicaciones no convencieron a la oposición. Especialmente al PSOE, que a través de Nuria del Río hizo hincapié en las «importantes» carencias que a su juicio presentaba la documentación aportada por los socios de 'Aparcamientos CIBIR'. Según ejemplificó la diputada socialista, Zenón acreditó 600.000 euros en concepto de seguro por indemnización e Inmobiliaria Ortega la misma cantidad, cuando el pliego exigía un millón. Por otro lado, Finca La Emperatriz no confirmó estar al corriente del pago de la Seguridad Social y ninguna de las cuatro tenía estrictamente experiencia en el objeto del contrato en cuestión. Un comentario al que Maiso replicó insistiendo en que la suma de todas ellas cumplía con lo requerido. «Es muy difícil que una sola empresa reúna todos los requisitos; para eso se crean las UTES», expuso asegurando también, a preguntas de Germán Cantabrana (Podemos), que la comisión de contratación desconocía si el resto de plazas en el Hospital San Pedro iba a ser libre o de pago. Por el PP, Jesús Ángel Garrido lamentó que profesionales ajenos a la política deban comparecer y avaló las explicaciones de Maiso, recordando además la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia de UGT al mismo respecto.
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