La deuda privada con los bancos toca suelo mientras la pública sube el 35% en diez años

La deuda privada con los bancos toca suelo mientras la pública sube el 35% en diez años

Los préstamos de familias y empresas suman 6.848 millones, casi 1.700 menos de lo ahorrado en depósitos

María José González
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZLogroño

Sector privado versus público. El importe de los créditos contraídos con los bancos por las familias y empresas riojanas asciende a 6.848 millones de euros, el 45,8% menos que en el 2008, lo que representa la cifra más baja de toda la década. Por el contrario, la cuantía de los préstamos pendientes de pagar por las administraciones públicas a las entidades financieras creció en el mismo periodo a un ritmo del 35,1% hasta situarse en los 650 millones de euros. Así se desprende de los boletines estadísticos del Banco de España con datos referenciados a los meses de junio de toda la serie histórica, dado que el último informe del instituto emisor del 2018, el publicado en noviembre, compila las cifras hasta ese mes.

Además de tocar suelo el año pasado, la deuda del sector privado fue inferior, por cuarto ejercicio consecutivo, a la cuantía de los depósitos ahorrados en las entidades financieras. En concreto, en 1.691 millones de euros. También en este caso, el comportamiento de las administraciones públicas fue el opuesto: Comunidad Autónoma, ayuntamientos y entes públicos deben 433 millones más a los bancos que los 217 que tienen confiados en depósitos.

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Para el catedrático de Finanzas de Deusto Business School, Fernando Gómez-Bezares, estos datos evidencian, como primera conclusión, que las familias y las empresas riojanas «han tomado conciencia» de la peligrosidad que conlleva asumir niveles de endeudamiento elevados, mientras critica «la insolidaridad» de las administraciones públicas porque se adeudan ajenas a la responsabilidad de que «deben devolver ese capital y lo legan a futuras generaciones». El ejercicio en el que más dinero adeudaba el sector público a los bancos fue el del 2014, con 998 millones de euros, mientras que el privado batió todos los récords en el 2008, con 12.638 millones.

Ampliando su análisis, el experto riojano recuerda que hace diez años «partíamos de una situación de mucho endeudamiento que se ha ido reduciendo a pesar de los bajísisimos tipos de interés que ha habido durante todo el periodo». Y esto ha sido así porque, además de que el sistema bancario dificultó los accesos a los créditos a los particulares, una de las lecciones de la crisis que sacaron empresas y familias es que esta situación era insostenible. Sin embargo, la tendencia de las administraciones públicas «siempre es endeudarse más» y, de hecho, «se nos ha vendido como un logro que Bruselas nos deje hacerlo», lo que no es bueno «porque si no se devuelve ahora, lo que estamos haciendo es posponer este compromiso de pago a nuestros hijos o nietos». Y, cuando menos, resulta paradójico dado que «nos estamos preocupando por dejar un mundo mejor a las próximas generaciones en materia de sostenibilidad ambiental y, sin embargo, les cargamos con la obligación de saldar una deuda que hemos generado nosotros».

Y es que, al margen de los créditos pedidos a los bancos, el sector público se endeuda por otras vías, como la deuda pública. En este sentido, el pasivo del Gobierno regional por este concepto alcanzó en el 2017 (último año del que se tienen datos completos) la cifra de 1.570 millones de euros, lo que supone un aumento del 310% respecto al 2008. Este importe equivalía a algo más del 19% del PIB de la región (el valor global de la economía), una tasa que se quedó por debajo de la media de las comunidades autónomas (25%). Y la evolución del 2018 no fue mejor, lo que confirma las sospechas del profesor riojano: «La tendencia de la deuda pública es no parar de crecer si no se le pone coto». En junio alcanzaba los 1.635 millones de euros, el 19,7% del PIB, de los que 490 millones correspondían a dinero adeudado al Estado y el resto, a operaciones financieras realizadas en los mercados crediticios ordinarios.

Gómez-Bezares añade que «se puede entender» el endeudamiento de las administraciones públicas siempre que sea «algo coyuntural, como responder a una crisis o satisfacer necesidades en materia de infraestructuras, pero nunca estructural». «Eso no tiene sentido», enfatiza.

Así explica que en el 2007, cuando estalló la crisis económica, «había un nivel de deuda muy bajo» y los incrementos que se produjeron para mantener los servicios públicos «se pudieron soportar». Ahora bien, si volviéramos a vivir en la actualidad una debacle económica semejante a aquella «no tendríamos ningún margen de maniobra, ninguna salida, con las ratios de endeudamiento que soportamos».