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LA RIOJA
LOGROÑO.
Sábado, 24 de febrero 2018, 00:09
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Los malos presagios sobre los negativos efectos del desvío del tráfico pesado a la autopista en los negocios que jalonan la N-232 empiezan a cumplirse. La Plataforma de Afectados creada a raíz de la medida adoptada por el Ministerio de Fomento anunció ayer que ya son 25 personas las que han perdido su trabajo en los últimos 16 días -diez de ellas con contrato indefinido- tras la entrada en vigor, el pasado mes de diciembre, del desvío obligatorio del tráfico pesado de la N-232 a la AP-68 a su paso por La Rioja.
Así lo detalló Rosana Castresana, presidenta de este colectivo, que alertó de que «la grave situación económica en la que se han visto inmersos los empresarios afectados por esta decisión, ya ha tenido las primeras consecuencias». Además, señaló que «no sólo van a perder su empleo nuestros trabajadores, sino que estamos abocados al cierre si esta situación no se revierte», indicó.
Castresana recordó que la Plataforma se presentó el 26 de enero ante la opinión pública para reprobar la decisión adoptada por el Ministerio de Fomento y el Gobierno de La Rioja de prohibir el tráfico pesado por la carretera N-232 de Zambrana a Tudela.
Los miembros de esta Plataforma criticaron la obligatoriedad de la medida e exigieron la flexibilización de la misma para que el tráfico pesado pudiera incorporarse a la N-232 para repostaje, descanso y avituallamiento y así poder minimizar los daños económicos a sus negocios.
Durante estas semanas, precisó, la Plataforma «ha trabajado para trasladar a todos los partidos políticos, grupos parlamentarios y agentes sociales la preocupación por su grave situación laboral».
La entidad ha mantenido también reuniones con las distintas fuerzas políticas, la Federación de Empresarios de La Rioja, CCOO -está pendiente de hacerlo con UGT-, así como con el presidente del Gobierno, José Ignacio Ceniceros, y el consejero de Fomento del Gobierno de La Rioja, Carlos Cuevas.
«Todos se han mostrado sensibles» a la situación de estos empresarios y «muchos les han trasladado su apoyo», aseguró Castresana, quien informó de que la Plataforma ha abierto una petición a través de la plataforma change.org y así conseguir apoyo de la ciudadanía para una flexibilización real de la norma.
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