Siete detenidos en una operación contra una red que explotaba a nicaragüenses en cuidados geriátricos

Según ha explicado la Guardia Civil en una rueda de prensa para informar de la operación, los siete detenidos son cuatro mujeres (dos de ellas hermanas) y tres varones de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años, que actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada desde sus dos bases de operaciones establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca. Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. A todos ellos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La actividad del grupo, según ha desvelado la investigación, se remonta al año 2016 desde cuando al menos cincuenta mujeres han sido víctimas de esclavitud de esta organización, que habría obtenido un beneficio económico superior a los 750.000 euros.

El clan también tenía ramificaciones en Nicaragua. Allí, familiares directos de los detenidos se encargaban de buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social para explotar su vulnerabilidad. Les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España y, si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.

Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.

Para ello, la jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas y publicaba anuncios en Internet y redes sociales ofreciendo servicios geriátricos. Cuando cerraba algún trato con los demandantes, enviaba a alguna de las víctimas después de un proceso de aleccionamiento bajo amenazas. Los clientes pagaban a las víctimas a final de mes en negro y estas estaban obligadas a entregar a la organización entre el 85 y el 95% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.

Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la propia organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos les prestaban dinero a un 20% de intereses, lo que suponía que la presunta deuda se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las victimas más atadas a la organización. Además, los productos básicos de primera necesidad que la responsable del grupo recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria, los vendía a sus víctimas a precios abusivos llegándoles a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros, incrementando así sus beneficios.

 El grupo sometía y controlaba a todas sus víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos. Las victimas interceptadas en el aeropuerto de Madrid fueron trasladadas a Logroño e informadas de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, colaborando en la misma sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.