DEMOCRACIA, MUJER Y PODER

MARIOLA URREA CORRES

Reflexionar sobre la falta de vitalidad de las democracias liberales se ha convertido en uno de los temas de moda. Los recientes trabajos de Ruciman (2018) o Levitsky y Ziblat (2018) nos alertan de aquellos elementos que las ponen en peligro. También Brennan (2016), Harari (2018) o Mounk (2018) nos detallan cómo la ciudadanía conforma su opinión en democracia, absorbe la múltiple (des)información existente y toma decisiones eligiendo a gobiernos cuya manera de ejercer el poder, en ocasiones, degrada el sistema institucional acercándose a fórmulas de corte iliberal. En este contexto de preocupación por la sostenibilidad de nuestros sistemas democráticos, es interesante ser consciente de cómo quienes se deslizan por esta pendiente de degradación democrática coinciden en rechazar la agenda feminista global. España permaneció al margen de cualquier contagio hasta que las elecciones en Andalucía dieron representación institucional a un partido reaccionario que discute la conveniencia de las políticas de igualdad y niega la violencia contra las mujeres al esconderla bajo la idea de violencia intrafamiliar.

La desigualdad entre hombres y mujeres debería considerarse, a nuestro entender, un indicador más en cualquier análisis sobre el estado de salud de las democracias. No es admisible resignarse a un sistema político, económico y social que arroja tasas de desigualdad por razón de género tan alarmantes. No lo es al menos para quienes creemos que no puede haber democracia, ni convivencia armónica sin garantías plenas de igualdad entre hombres y mujeres. Lo dicho no pretende minimizar los avances logrados hasta ahora. Se trata, más bien, de reivindicar la necesidad de medidas más eficaces para combatir el estancamiento en la consecución de la igualdad real. Un estancamiento cuyas evidencias se encuentran, por ejemplo, en las cifras sobre brecha salarial de género. También apuntan en la misma dirección los datos de infrarrepresentación de mujeres en puestos directivos de organizaciones privadas o públicas en las que, por si fuera poco, ellas son mayoría. Es el caso de la carrera judicial o del sistema universitario. También conviene reiterar la importancia de avanzar en la corresponsabilidad, que no conciliación familiar. Resulta igualmente imprescindible impulsar iniciativas que incrementen las vocaciones científico-técnicas de las niñas. Solo así estaremos en condiciones de aumentar significativamente el número de mujeres que podrían estudiar y orientar su carrera profesional en ámbitos de alta empleabilidad y buena remuneración donde su presencia es todavía hoy testimonial.

Querer erradicar toda expresión de desigualdad entre hombres y mujeres no es una acción política contra nadie. Una sociedad que reivindica la igualdad para más del cincuenta por ciento de la población no atenta contra un pretendido derecho que solo los más recalcitrantes pretenden hacernos creer que les pertenece de forma natural. La vocación de acabar con las estructuras que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres representa, por todo ello, la agenda global que inspira la cuarta ola de feminismo de la que forman parte hombres y mujeres de distintas edad, condición e ideología. Desde esta concepción particularmente noble de dignificar nuestra democracia debemos combatir la desigualdad de género por resultar contraria a los valores constitucionales de igualdad y justicia. Subvertir la desigualdad exige, sin duda, definir unas políticas públicas robustas, pero también un compromiso mayor del sector privado, por ser en este ámbito donde se manifiestan firmes resistencias frente a cualquier intento de modificar modelos de carrera profesional que obedecen a códigos fuertemente masculinizados.

A pesar de que atajar la desigualdad de género es una responsabilidad de todos, corresponde a las mujeres asumir un liderazgo individual y colectivo mayor en el empeño de remover los elementos propios de una cultura patriarcal que dificulta la configuración de una sociedad más justa. Este planteamiento necesariamente conecta a la mujer con la idea de poder. Nos guste o no, la igualdad real exige también una relación más natural de la mujer con el poder. El poder del que hablamos no es sólo el sustantivo que identifica a quien lo ocupa con un espacio de decisión. El poder que particularmente reivindican las mujeres es la forma verbal de poder y, con él, todo su potencial de acción. Desde el poder (espacio de decisión) y con poder (capacidad de acción) se puede decidir, influir y transformar las estructuras machistas de una sociedad que tiene necesariamente que cambiar a mejor.

El 8 de marzo se convierte, de nuevo, en una fecha particularmente relevante para las mujeres y también para aquellos hombres que no son cómplices de una desigualdad que debilita nuestra democracia. Para quienes perciben así la agenda del feminismo, este 8 de marzo permitirá confirmar la fuerza y la confianza que puede generar una reivindicación transversal de alcance global. La aspiración de igualdad real representa, de hecho, la aspiración de vertebrar y consolidar nuestras democracias desde planteamientos más cohesionados, más justos y más sólidos. Cuesta creer que oponerse a esto no constituya hoy, para todos, motivo de auténtico bochorno.