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Calle Sanjurjo, en Logroño. :: j.h.
CONVIVENCIA EN PAZ Y LIBERTAD

CONVIVENCIA EN PAZ Y LIBERTAD

JOSÉ MARTÍN MARTÍNEZ GARCÍA. - ASOCIACION 'LA BARRANCA'

Domingo, 17 de febrero 2019, 20:29

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El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de la Memoria Histórica, se ha dirigido hace pocas fecha a más de 600 ayuntamientos españoles exigiéndoles un certificado de ausencia en su ámbito municipal de simbología de exaltación franquista. En nuestra comunidad han sido diez los que han recibido este requerimiento oficial, entre ellos su capital. Una petición que será difícil de cumplimentar desde Logroño, por ejemplo, donde sigue sobrevolando la larga sombra del franquismo residual. O de algo parecido. (Dejemos que ellos mismos puedan definir esta cerrazón). Afortunadamente, la mayoría de los buzones de los ayuntamientos riojanos no recibirán este requerimiento, ya que desde 1979, con los primeros ayuntamientos democráticos, este tipo de reconocimientos han ido desapareciendo sin titulares en los periódicos, ni polémicas impuestas.

Realmente, no estamos hablando de cantidad (basta un solo homenaje por nimio que parezca para que sea ilegítimo), sino de calidad democrática, y por desgracia, el franquismo sigue presente en algunos espacios públicos riojanos. Logroño, por habitantes y por su condición de capitalidad, además de ser un caso especial es un ejemplo de cómo este problema sigue sin solución después de 40 años de democracia.

Antes incluso del año 2010, cuando se creó una comisión municipal de estudio de aplicación de la ley de 2007 de Memoria Histórica en Logroño, la Asociación La Barranca ha alentado el debate social, y ha instado a administraciones públicas de toda índole a asumir sus obligaciones legales. Después de innumerables reuniones con asociaciones y entidades de todo tipo, tras tres plenos municipales, y otras tantas legislaturas, Logroño sigue a la espera de convertirse en un lugar plenamente respetuoso con los derechos humanos y el sistema de libertades que propugna nuestra Constitución. La ley, la democracia, pero sobre todo la legitimidad de una lucha que busca el bien común merecen la recompensa de una ciudad habitable para todos. Para todas.

Ahora es el Ministerio de Justicia el que en forma de requerimiento recuerda a los ayuntamientos, grandes y pequeños, su obligación de acatar las leyes y aplicar sus artículos. No sabemos si existe un plazo, ni tampoco si triunfará el imperativo legal, mucho menos si habrá consecuencias, pero al menos sabemos que estamos un poco más cerca de esa mañana que cantaba Labordeta, cuando al levantar la vista veremos unas ciudades y pueblos riojanos donde impere por fin la convivencia en paz y libertad.

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