El Consejo Regulador lleva a los tribunales las grandes infraestructuras de renovables

Estas infraestructuras aprovecharon en su día la suspensión de seis meses acordada por el Parlamento de La Rioja de la Ley de Ordenación del Territorio (Lotur), que impedía instalar este tipo de infraestructuras sobre suelos de viñedo, regadíos, de concentraciones parcelarias o secanos de alto valor agrario. Sus promotores tramitaron entonces las declaraciones de impacto ambiental y consiguieron los permisos del Gobierno riojano: «Nosotros seguimos luchando por nuestra comarca, por el valle de Ocón y Jubera, y también por toda la región contra una instalación no planificada de infraestructuras de producción de energías renovables», explica María José Nestares, abogada y portavoz de la Plataforma para el Progreso de las Tierras Orientales.

Esta plataforma, junto con otras como Senda en La Rioja Alta, colaboran con el Grupo Operativo de Protección del Paisaje del Consejo Regulador, que, liderado por el bodeguero Álvaro Palacios, es quien está financiando y coordinando las actuaciones en los tribunales contra estas infraestructuras: «Estamos convencidos de la necesidad de implantar energías renovables, pero no así, sin una planificación previa y, sobre todo, cuando causan un altísimo impacto paisajístico y ecológico que acaba dañando las propias posibilidades de desarrollo de una comarca o de la propia región», insiste María José Nestares.

Lo cierto es que, más allá de aquella situación de moratoria, no es sencillo obtener los permisos medioambientales para acometer infraestructuras de este tipo en La Rioja aun cuando sigue sin aprobarse la Ley del Paisaje que, se supone, protegerá definitivamente una buena parte de la región y de sus suelos agrarios.

Son varios los proyectos, eólicos especialmente, que se plantearon hace unos años al refugio de la estrategia europea de descarbonización y sus incentivos y que, por diferentes motivos, se han quedado por el camino: «Hemos visto recientemente los desestimientos del parque eólico de Valderrete, como antes sucedió con la aberración que suponía Los Cruzados, y también el caso de la línea de Forestalia», recuerda María José Nestares. «Creo que es muy positiva –continúa– la conciencia social de algunos ayuntamientos, de bodegas y agricultores a través de las organizaciones agrarias, del propio Consejo Regulador y, en general, de los ciudadanos», indica Nestares.

Más en concreto, la autopista de alta tensión de Forestalia, que pretendía cruzar de este a oeste para para transportar energía de Aragón al País Vasco, ha desaparecido del mapa al no presentar los proyectos constructivos la promotora aragonesa, si bien el Gobierno de La Rioja ha decidido mantener su recurso en los tribunales hasta tener claro que no puede ser 'resucitado' legalmente.

Uno de los parques eólicos más agresivos sobre el paisaje riojano era el de los Cruzados, promovido por la empresa Green Capital Energy en Enciso y que acabó levantando a poblaciones de toda la sierra de La Rioja Baja porque llevaba aparejada una línea de evacuación que partía el Alto Cidacos hasta Ocón. Esta misma línea la aprovecharía también el parque de Valderrete, promovido también inicialmente por Green Capital Energy. Ambos proyectos, que tramitaba el Ministerio de Transición Ecológica al superar los 50 MW de potencia instalada, han sido desestimados, pero no han sido los únicos.

Asimismo, los dos nuevos parques que se están construyendo en Ocón en la actualidad (Jubera I y II) iban acompañados de un tercero, denominado Aldealobos, que fue denegado por la Comunidad Autónoma por la proximidad en que planteaba situar los molinos al núcleo rural. También fue desestimado otro parque eólico planteado en la localidad de Aldeanueva de Ebro, que promovía Molinos del Cierzo, sobre masas arbóreas de utilidad pública que estaban protegidas por el Plan General Municipal de la localidad.

En cuanto a las infraestructuras en construcción y recurridas por el Consejo Regulador, María José Nestares aclara que «de momento hay instalados seis aerogeneradores completos en el valle del Jubera, molinos de cerca de 200 metros de envergadura, de los once previstos, y confiamos en que haya resolución judicial antes de que se terminen los parques, pero seguramente acabarán colocando los once aerogeneradores». Aún obteniendo una victoria judicial, la abogada es consciente de que «seguramente acabaría en el Supremo, lo que significa mucho más tiempo y, si ganáramos ahí, una sentencia podría ordenar su demolición, pero habría que ver dónde está entonces la empresa promotora para ejecutarla».

María José Nestares recuerda en este sentido que el permiso de los dos parques eólicos Jubera lo obtuvo Siemens Gamesa pero luego los vendió a una empresa escocesa, que es la promotora actual que, a su vez, ejecuta los trabajos de obra con una firma gallega: «No es cierto que creen empleo local como dicen siempre, como tampoco lo es que La Rioja necesite esa energía».

Pablo Baztan, físico y miembro también de la Plataforma por el Progreso de las Tierras Orientales, apostilla que «La Rioja está generando en los últimos años de forma más o menos estable alrededor del 70% de lo que consume en energías renovables y el objetivo y el objetivo para 2030 es el 81%, pero eso es algo que puede conseguirse fomentando el autoconsumo». «Lógicamente –continúa– esta generación a pequeña escala tiene mucho menos impacto sobre el territorio, aunque también deja de ser un negocio para grandes fondos de inversión que son los que están detrás de este tipo de promotoras».

El proyecto de Ley del Paisaje de La Rioja se encuentra ahora mismo en tramitación parlamentaria. Fue una de las promesas electorales del actual presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, dada la fuerte contestación social que provocó la no planificación de las infraestructuras de energías renovables durante la anterior legislatura.

La Ley del Paisaje reconocerá con más detalles lo que ya establece la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Lotur) en vigor, que protege los terrenos donde haya habido concentraciones parcelarias, los regadíos, así como los secanos de alta productividad agraria. En la futura normativa regional se definen como 'paisajes relevantes', además de los suelos agrarios mencionados, las áreas de vegetación singular, las zonas húmedas, las riberas de interés ecológico, los bienes de interés cultural, las vías pecuarias, los yacimientos arqueológicos, los parajes geomorfológicos singulares, los montes de singularidad pública o los puntos que estén a menos de un kilómetro de los núcleos urbanos.

María José Nestares, de la Plataforma por el Progreso de las Tierras Orientales, celebra que por fin vaya a haber una normativa protectora pero recuerda que «las principales infraestructuras se aprobaron durante aquella moratoria de seis meses de la Lotur y eso se hizo con el visto bueno de todos los partidos». «La ley está bien para proteger el territorio en un futuro –continúa– pero es curioso que todas las infraestructuras que se han recurrido a través del Consejo Regulador y plataformas como la nuestra y que están ejecutándo, están sobre suelos que protege la actual y la futura normativa: terrenos de concentración parcelaria, regadíos o secanos de alto valor agrario».

Aresol, empresa riojana que obtuvo el permiso para construir un gran complejo fotovoltaico en La Rioja Alta, aprovechó también la moratoria de dos apartados de la Lotur para sacar adelante los permisos. La producción de energía eólica está mucho más desarrollada en la región que la fotovoltaica y este proyecto, por sí mismo, supone una potencia de 360 MW. Es decir, es una gran infraestructura compuesta por nueve parques fotovoltaicos independientes (Casafuerte I a Casafuerte IX) en los municipios de Bañares, Hervías y Cidamon. En este caso fue la plataforma Senda la mayor opositora, aunque el asunto acabó también siendo asumido por el Grupo Operativo del Paisaje del Consejo Regulador, quien ha llevado su tramitación al contencioso administrativo.

De nuevo, el principal argumento es que los promotores de Casafuerte tramitaron los parques de forma fragmentada para no superar los 50 MW de potencia y diluir su impacto real sobre la zona. En su conjunto, es una actuación sobre 600 hectáreas. Senda denuncia además que Aresol debe garantizar importantes aportes de agua a la Laguna de Hervías, pero que no lo ha hecho hasta ahora y que incluso se cambio la declaración de impacto para posponer la traída de aguas al final de las obras, y no al inicio como pedía la DIA original.

Los parques eólicos Jubera I y Jubera II suman en su conjunto once aerogeneradores con una potencia de 64 megawatios, capaces de abastecer al año unos 55.000 hogares. Fue ron tramitados inicialmente a Siemens Gamesa, pero, tras obtener los permisos, esta vendió los derechos a la británica SSE.

Pese a que las propias obras se están realizando a la vez en los dos parques, Jubera I y II, los proyectos se tramitaron por separado y de forma totalmente independiente. De hecho, los argumentos del recurso del Consejo Regulador contra su autorización es la presentación fragmentada de los dos parques para esquivar la tramitación ministerial –que es obligatoria para potencias instaladas de más de 50 MW– y aprovechar así una supuesta mayor laxitud con la Comunidad Autónoma como responsable: «Es una práctica habitual –explica María José Nestares–, pero está claro que se trata de un único proyecto, de once aerogeneradores que, con plena conciencia del promotor, se presenta fragmentado para esconder el verdadero impacto ambiental del conjunto cuando todo el mundo puede imaginarse qué suponen once molinos de 200 metros de envergadura y sus redes de evacuación de la energía».

También en la zona de Ocón-Jubera, Global Solar Energy obtuvo autorización para cuatro parques eólicos, los Portillejo. Pese a ser el mismo promotor, se tramitaron por separado con lo que las declaraciones de impacto y el resto de tramitaciones fueron también competencia de la Comunidad Autónoma al no superar, de forma individual, los 50 MW de potencia. Curiosamente, las potencias eran de 45 MW.

El recurso del Consejo Regulador insiste en que se trata de una estrategia de los promotores para limitar los impactos con proyectos troceados cuando en realidad se trata de una única infraestructura de elevado alcance y afección al territorio. De hecho, los mismos promotores querían sacar adelante también otros cinco parques fotovoltaicos en Mendavia y Lazagurría (Navarra), con una línea de evacuación y set colectora para llegar a la estación de Santa Engracia y en la que pudieran descargar también los Portillejos. Pero los planes de Navarra fueron rechazados por el Ministerio, mientras que los Portillejos salieron adelante en la zona de Ocón-Jubera: «No se entiende que los argumentos medioambientales utilizados por el Ministerio no se apliquen por la Comunidad Autónoma en los que son de su competencia», aseguran desde las plataformas.