Condenado un recluso por amenazar de muerte a dos funcionarios de prisiones

Vista general del centro penitenciario de Logroño. :: /Justo Rodriguez
Vista general del centro penitenciario de Logroño. :: / Justo Rodriguez

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones valora el fallo porque «los insultos dejan de considerarse algo inherente al trabajo»

M.M.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha condenado a un interno del centro penitenciario de Logroño por dos delitos de amenazas de muerte a dos funcionarios de la cárcel. La relevancia de esta sentencia, tal y como expone la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), radica en que los insultos ya no se consideran como una parte inherente del trabajo de estos empleados y, por otro lado, el interno sabe que este tipo de sucesos (que habitualmente practican cuando se saben próximos a su excarcelación) no quedarán impunes como hasta ahora.

Los hechos que han dado lugar a esta sentencia se produjeron el 29 de agosto del 2018. El preso amenazó a dos trabajadores de la cárcel a los que dijo, según recoge el fallo como hechos probados: «Sois unos cabrones, me he comido unas cuchillas de afeitar y por mis cojones que os voy a dar por el culo los dos meses que me quedan de condena. Y cuando salga ya nos veremos en la calle».El ahora condenado reconoció haber proferido estos ataques verbales durante el juicio.

Este interno tuvo que ser trasladado a Urgencias del San Pedro, donde también amenazó a una celadora y a una enfermera y arañó en el brazo a una de las médicas. Nadie de las personas que le acompañaban ni de los guardas de seguridad pudieron contener al sujeto.

Los servicios jurídicos de la APFP se personaron en el caso como acusación particular en defensa de los dos funcionarios y de la auxiliar de enfermería de la cárcel. Se solicitaba una condena por dos delitos leves de amenazas con una pena de multa de 45 días. El denunciado, que reconoció las amenazas, ha sido condenado como autor de dos delitos leves de amenazas y por cada uno de ellos se le impone una multa de 60 días a razón de tres euros la cuota diario: 180 euros por cada delito (360 en total). Al mismo tiempo se le prohibe acercarse a menos de cien metros del domicilio de los funcionarios, su lugar de trabajo o lugar que frecuenten y a comunicarse por cualquier medio durante seis meses.

Ciudadanos normales

Más allá de la condena y de la cuantía de la misma, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones valora el hecho de que se trate «al personal penitenciario como a ciudadanos normales, con todos sus derechos y que no se consideren los insultos y amenazas como parte inherente a su trabajo».

El colectivo destaca, asimismo, que esta sentencia sirve para que aquellos reclusos «que se encuentran próximos a su excarcelación que ya saben que por imposibilidad en el tiempo no cumplirán las sanciones administrativas derivadas de sus hechos (esta situación convierte a algunos en especialmente agresivos) sepan que dichos hechos no quedarán impunes sino que tendrán consecuencias penales».