La Audiencia Provincial de Vizcaya juzga desde hoy jueves a J.M.M.S., un logroñés de 42 años de edad al que el Ministerio Fiscal imputa un delito continuado de abuso sexual y pide para él una pena de tres años de prisión. La acusación particular eleva su petición hasta los 10 años al aplicar la agravante de que la víctima era menor de edad en el momento de los presuntos hechos y de que se valió de su superioridad para someter al niño, que en la actualidad tiene 22 años y reside, junto a sus padres, en La Rioja.
La clave está en conocer qué sucedió en el interior del colegio Gaztelueta, un centro exclusivamente masculino y uno de los emblemas del Opus Dei en España. Allí, el profesor logroñés -un numerario de la prelatura ahora apartado de la docencia y que antes había ejercido en un centro de Logroño- se convirtió en el preceptor, una especie de guía académico y espiritual, de Markel (nombre ficticio del entonces menor) en sus dos primeros cursos de ESO (12-13 años).
Según el auto de procesamiento que dictó el juzgado de instrucción de Guecho, de la investigación se desprenden «indicios racionales de criminalidad» y sostiene que el docente logroñés le indicó al menor «que llevara acciones tales como quitarse la camisa y bajarse los pantalones, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales. J.M.M.S. procedía entonces a tocarle las piernas, el pecho, los muslos, el cuello, los brazos, las nalgas y los genitales. Asimismo y con el propósito de satisfacer sus deseos lúbricos, durante otras sesiones le requería para que se masturbara en su presencia...». Completa el auto que el preceptor le ordenaba «que se sentara encima de sus rodillas para enseñarle las notas académicas en el ordenador, con el propósito de provocar su propia erección».
Esos presuntos abusos tuvieron lugar durante las tutorías (preceptuaciones, especifica el auto) que mantenía con Markel y que, a diferencia de lo que sucedía con otros alumnos, eran más frecuentes y prolongadas. Tanto que, según el expediente judicial algunas semanas tenían lugar hasta en tres ocasiones, cuando con el resto de estudiantes no superaban las dos veces al mes.
De esa manera el imputado generó «una situación real de dominio y sumisión» sobre el menor que le habilitó para abusar de él «sin posibilidad de discusión» limitándose «a cumplir las órdenes que recibía». La consecuencia para Markel fue «una situación de malestar psicológico intenso que le impidió reaccionar ante los abusos de que estaba siendo objeto y comunicarlos a sus padres o a sus compañeros, ya que el preceptor logró aislarle de su entorno» consiguiendo que fuera «ridiculizado por sus compañeros».
Esa situación de exclusión hizo que los padres cambiaran al menor de centro y denunciaran el acoso e informaran de los abusos al centro que, según la familia, no hizo nada. Al cumplir la mayoría de edad Markel decidió denunciar al docente y tras una ardua investigación hoy se abre el juicio oral en el que el fiscal también pide condenar al colegio como responsable civil subsidiario.