CERRADO POR DEFUNCIÓN

Los políticos suecos a principios de los años noventa crearon una comisión para reformar el Estado de Bienestar y adecuar y dar viabilidad a su sistema de pensiones con la participación de técnicos especialistas y con el fundamento de alejar el debate de la demagogia política. En base a esta experiencia, en 1995 el Parlamento español constituyó el Pacto de Toledo para generar recomendaciones no vinculantes al Gobierno y así salvaguardar el sistema de pensiones. Tres son los puntos de actuación: despolitización del debate, reformas a largo plazo e información al ciudadano. El resultado es descorazonador; no hay ningún tema actualmente que genere más demagogia política, en el que se aporten menos soluciones a largo plazo y sobre el que se engañe tanto a la ciudadanía.

El debate político de las pensiones se ha convertido en una subasta sin escrúpulos para ver quién da más; quedar bien ante los electores y conseguir escaños. La única y verdadera prioridad de los partidos políticos. No les importa lo que ocurra mañana. ¡Quien venga detrás que arree! Van a endeudar a las próximas generaciones hasta el punto de que no van a poder disponer de nuestro actual Estado de Bienestar.

Nadie les va a contar a ustedes que es indispensable alargar la edad de jubilación; que hay que disminuir la Tasa de Sustitución (relación última nómina/pensión); que hay que aplicar el Índice de Sostenibilidad, porque cada vez vivimos más; que hay que fijar un nuevo Índice de Revalorización diferente al IPC; que hay que computar, para el cálculo de la pensión, toda la vida laboral; que hay que promover los planes de empresas; que hay que fomentar el ahorro; que la pensión se va a mantener, pero cada vez de menor importe. Y, ¿saben por qué? Porque esto no da votos.

El pasado veinte de febrero se dio por cerrado el Pacto de Toledo por finalización de la legislatura y sin ningún acuerdo de nuestros próceres de la patria. Sobre la mesa había dos temas con cierto consenso, a excepción de los podemitas, que era aplicar por ley la revalorización de la pensión al IPC real y crear o definir una «suficiencia de pensión». Algo así como un tipo de pensión suficiente para cubrir necesidades mínimas. La idea de Sánchez es intentar aprobarlo por decreto ley. Todo esto no deja de ser otra mentira y otro engaño a los ciudadanos (votos y más votos). Nos da lo mismo que esté aprobado por ley o que figure en la propia Constitución. Si no hay dinero, no hay dinero. Y si no que se lo pregunten a los griegos que tenían garantizada la subida de las pensiones por ley al IPC y llevan un 40% de quita.

El Pacto de Toledo, tras veinticuatro años de existencia, ha demostrado su inutilidad. Un fariseísmo político incapaz de enfrentarse a la realidad. Demos por muerto el pacto y pongamos el cartel de «Cerrado por defunción».