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CCOO denuncia el despido de nueve empleados de servicios auxiliares de la UR

El sindicato defiende el derecho de los trabajadores a subrogarse en la nueva contrata

LA RIOJA

LOGROÑO.

Sábado, 14 de abril 2018, 01:16

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CCOO denuncia que 9 trabajadores que en la actualidad se ocupan de los servicios auxiliares y de conserjería de la Universidad de La Rioja se quedarán probablemente en la calle el 1 de mayo. La razón, según explica el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios del sindicato, José Antonio Torres, es el cambio de empresa a partir de esa fecha y la no subrogación de los empleados.

Los nueve empleados trabajan para Servigesplan, del grupo CIS de vigilancia, con un contrato de obra y servicio. La empresa concluye su relación laboral con la UR el 30 de abril y sus tareas serán desempeñadas a partir del 1 de mayo por Eleroc Servicios SL, del grupo OSGA, un centro especial de empleo que trabaja para la integración de personas con discapacidad. El problema, según denuncia Torres, es que no hay subrogación de los trabajadores, a la que el sindicato considera que el grupo tendría derecho («hay una sucesión de empresas», argumenta), de manera que si no cambia la situación irán al paro. Torres explica que «la Universidad es un centro de trabajo estable y ellos tienen derecho a la subrogación». El convenio colectivo de servicios auxiliares de Navarra, extendido a La Rioja, así lo recoge, asegura. El asunto tiene, a juicio del sindicato, un trasfondo económico: «Se ha adjudicado a un centro especial de empleo, que trabaja con personas con discapacidad, con una rebaja muy sustancial en la oferta económica». En esta línea, indica que actualmente la hora se está pagando a unos diez euros mientras que la oferta aprobada es de poco más de seis euros (6,35), lo cual significa un ahorro notable para la universidad. «No se pueden utilizar los centros especiales de empleo, con su importante función social, para echar a la calle a los trabajadores», añade.

Sin referirse a la subrogación, desde la UR se asegura que el procedimiento seguido «se ha ajustado fielmente a la Ley de Contratos del Sector Público, cumpliendo el licitador seleccionado con todos los requisitos exigidos». Recuerda que la licitación salió por 809.776 euros y una duración inicial de 4 años y se presentaron diez ofertas

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