Vía férrea en Haro Rodrigo Merino

Capellán reprocha al Ministerio haber decidido sobre el tren a Miranda «sin contar con el territorio»

El presidente asegura que no ha existido «ningún contacto previo» con el Gobierno regional sobre las alternativas ferroviarias

Pío García y Laura Lezana

Logroño | Haro

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:41

El Ministerio de Transportes anunció ayer el estudio de viabilidad para la mejora de la vía férrea entre Logroño y Miranda. Entre las alternativas propuestas se excluye la que había concitado, hace cuatro años, el consenso de las fuerzas políticas y sociales de La Rioja: un trazado nuevo entre la capital riojana y Pancorbo.

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Preguntado esta mañana por la cuestión, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, de visita en Haro, ha afeado la actitud del Ministerio: «Será él quien deba dar explicaciones porque no ha contado para nada ni con el Gobierno regional ni con el territorio». Capellán ha asegurado que no ha existido «ningún contacto previo» a esta decisión.

El Ministerio ha considerado tres alternativas que discurren, en mayor o menor medida, cerca del trazado actual. La más económica, valorada en 227 millones de euros, se limita a diponer mejoras puntuales (rectificaciones y variantes) sobre el actual diseño de la vía, que discurre paralela al Ebro por tramos a veces escarpados. Las otras dos, más caras, prevén intervenciones más ambiciosas: un nuevo corredor entre Lapuebla y San Asensio con un túnel final entre Miranda e Ircio (720 millones) o un corredor diferente entre Lapuebla y Haro (400 millones).

De esta manera, el departamento de Puente hace oídos sordos a la petición riojana, que presentó con toda solemnidad la presidenta Andreu en el Parlamento en el año 2021. De hecho, según se desprende de la documentación presentada por el Ministerio, ni siquiera se ha llegado a estudiar el trazado tal y como se dibujó entonces (una nueva vía entre Logroño y Pancorbo). Solo se ha analizado, y desechado, una posible variante entre Haro y Pancorbo porque, según manifestó ayer la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, «el impacto socioeconómico era muy grande».

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