La banda de las conservas eternas

Aquello fue durante el mes de mayo del año 2016. Ahora, tras más de un año y medio de investigación desarrollada en La Rioja, Navarra, Valencia, Murcia y Cantabria, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Comunidad Foral -en colaboración con los de la Comunidad Valencia, Murcia y Cantabria- han detenido a las nueve personas que formaban parte de una organización especializada en delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la Seguridad Social. Entre los detenidos se encuentra un vecino de la localidad riojana de Rincón de Soto, cuyo papel dentro del grupo delictivo no ha sido especificado por el servicio de comunicación de la Guardia Civil. La denominada 'Operación Artichoke' (alcachofa, en inglés) ha permitido a los agentes incautarse de un total de 3.744 latas de mejillones, 4.500 de ventresca, 500 de sardinas y otras 10.000 de conserva de atún.

Fueron agentes del Seprona los que se encargaron de una investigación que comenzó por la averiguación del domicilio social de la empresa que presuntamente estaba cometiendo el delito y de sus administradores. Así, pudieron conocer que al frente de la firma figuraba una única persona y que a su nombre figuraban registradas otras ocho sociedades ubicadas en diferentes municipios, ninguno de ellos riojano. Los agentes también comprobaron que pese a que ninguna de esas empresas estaban dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas de las localidades en las que estaban radicadas, sí figuraban en el Registro Mercantil como activas.

A partir de esos datos, la Guardia Civil vigiló las instalaciones de la empresa para descubrir que contaba con actividad normal y que se realizaban continuas cargas y descargas de camiones, «pudiendo constatar la existencia de un entramado delictual», explican desde Navarra.

10 años más de caducidad

Los investigadores concluyeron que la organización había creado por un lado sociedades distribuidoras de conservas de mejillón, ventresca, sardinas y atún junto a firmas que se encargaban del etiquetaje de las latas.

Todas las empresas se facturaban mutuamente y cada una cumplía una función dentro de la trama. Así, las distribuidoras se encargaban de adquirir productos en conserva que procedían a estuchar, etiquetar con sus propias marcas (que no han sido desveladas por los investigadores) y comercializarlas en toda España y parte de la Unión Europea. En caso de que su venta no fructificara, los detenidos recompraban el producto a bajo coste para introducirlo de nuevo en el mercado. Para ello volvían a etiquetarlo y estucharlo bajo alguna de sus marcas alargando, en los casos más extremos, su fecha de consumo preferente durante más de una década. En otras ocasiones, explican los investigadores, compraban la mercancía a granel, «con lo que tenían vía libre para estuchar y etiquetar a su antojo» las conservas.

De esta manera lograban «grandes beneficios sin poner en riesgo ningún capital y generaban ganancias a todas las empresas puesto que los productos cuya fecha de consumo preferente había vencido se ponían de nuevo a la venta». Todo ello, sostiene la Guardia Civil, «a sabiendas de las posibles dolencias que pudieran causar a las personas tales como botulismo, salmonelosis o intoxicaciones diversas».

De manera paralela, la organización desviaba sus ganancias a diferentes paraísos fiscales. En concreto se ha comprobado la existencia de 500 transferencias internacionales a Trinidad y Tobago, Islas Mauricio, Panamá y Emiratos Árabes, entre otros destinos, por un importe total de más de 5,6 millones de euros.

Tras ser puestos a disposición judicial, los nueve detenidos quedaron en libertad con cargos.