El Ayuntamiento logroñés se persona como acusación particular en el 'caso Enredadera'

En declaraciones a este diario, Gamarra aseguró que la personación en la causa -cuya admisión o no deberá decidir ahora el juez instructor- obedece a la intención de «iniciar cualquier tipo de procedimiento, de actuación penal, en relación a cualquier persona que haya podido intentar, aunque sólo haya sido intentar, alguna actuación ilícita relacionada con los interés del Ayuntamiento o de la ciudad de Logroño». «El mensaje es muy claro -añadió- tolerancia cero hacia cualquier tipo de corrupción y este equipo de Gobierno y esta alcaldesa son implacables», añadió.

No obstante, insistió en que de la información difundida «queda claro que ese intento no logró nada. No hay ninguna investigación abierta en relación al Ayuntamiento de Logroño y no hay ninguna investigación en relación a ningún funcionario, sólo hay unas conversaciones de dos particulares, uno de ellos en prisión, en las que se hace alusión al Ayuntamiento».

En cuanto a la posible subcontratación a Aplicaciones Gespol de la adjudicación del mantenimiento de los radares de Logroño si el concurso lo ganaba ETRA -como así ocurrió finalmente- y que sale a colación en una de los conversaciones telefónicas interceptadas, la alcaldesa aseguró que dicha subcontratación nunca llegó a materializarse.

Respecto a las afirmaciones que efectúa uno de los directivos de Aplicaciones Gespol, José Alberto Bueno Regodón -quien, según el sumario, habría asegurado a F.C. (nuevo conseguidor) que le ofrecían 3.000 euros por «mover lo de lo zona azul, como lo de la grúa de Logroño»- la alcaldesa insistió en que «el mensaje es muy claro: tolerancia cero hacia cualquier tipo de corrupción y este equipo de Gobierno y esta alcaldesa son implacables».

En rueda de prensa, la concejal de Hacienda, Mar San Martín, insistía en que «de momento lo único que hay es el supuesto interés de estos empresarios corruptos de extender su red por La Rioja y el fracaso de ese intento», pero aún así el Ayuntamiento se ha personado como acusación particular en la causa «para tener acceso directo al sumario del caso y poder ejercer acciones legales contra cualquiera que tan siquiera haya intentado influir sobre la contratación municipal».

Respecto a los contratos sobre los que conversa uno de los encausados con F.C., aclaró que el relativo al mantenimiento de radares no ha sido subcontratado como al parecer pretendían, lo que confirmaría que su influencia, «de haberse intentado, fue infructuosa».

Sobre al segundo contrato, el relativo al servicio de zona azul, tanto San Martín como el Ayuntamiento, en nota de prensa, aseguraban que «no se ha producido trámite alguno por lo que confirmamos también que no existe ninguna irregularidad en torno a él». En cualquier caso, insistían en que el Ayuntamiento de Logroño «es una administración ejemplar, en la que se trabaja con rigor, con total trasparencia, y en la que por supuesto no se tolera ni vamos a tolerar ninguna irregularidad ni sospecha de práctica corrupta».

Finalmente, Mar San Martín, recordó que se había convocado a las 10.30 horas a la junta de portavoces del Ayuntamiento con el fin de «ofrecer a los grupos municipales los datos que requieran, al tiempo que el expediente de radares está en contratación a disposición de cualquier grupo».

Por su parte, el Gobierno regional, cuyo consejero de Políticas Sociales Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, aparece varias veces mencionado en las conversaciones que mantienen los implicados, se limitó a responder, a petición de este diario, que respetan los procedimientos judiciales y que están a disposición judicial.