Un ancla de vida, dignidad y futuro

En marzo pasado cumplió sus primeros 20 años de labor, dos décadas en las que, por imperativo legal, ha tenido que cambiar de nombre y de modelo asistencial, pero no de usuarios ni objetivos. La Fundación Riojana de Apoyo a la Discapacidad (Fradis), hasta 2021 Fundación Tutelar de La Rioja, no ha dejado de ser un ancla a la vida, a la dignidad y una garantía de futuro de los 679 adultos y los 721 menores tutelados por la Comunidad Autónoma a los que ha cobijado desde 2004.

Constituida unos meses antes, su misión principal en los 18 siguientes años fue la tutela de las personas mayores de edad incapacitadas judicialmente, en concreto hasta marzo de 2022, cuando la Fundación tuvo que cambiar sus estatutos y su denominación con la entrada en vigor, el 3 de septiembre de 2021, de la Ley 8/2021, de 2 de junio. Esta nueva norma reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad para adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención internacional de 2006, que en su artículo 12 proclamaba que «las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida».

Así, el nuevo modelo aparcaba el anterior modelo paternalista de la tutela e implantaba un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad donde prevalecen su voluntad, deseos y preferencias.

Con el reto desde entonces del apoyo a dos ejes clave –la atención de sus necesidades (familiares y sociales, como de vivienda, económica, trabajo, ocio...) para procurar la mejora de su calidad de vida y su bienestar; y la administración de sus bienes– la nómina de usuarios sigue al alza.

Cuando inició su actividad en marzo de 2004, la plantilla estaba integrada por 5 trabajadoras con 21 adultos a su cargo (seis de ellos siguen hoy); al cierre del año pasado la entidad, con 13 profesionales en nómina, atendía a 558, con 362 adultos (336 en 2019) y 196 menores tutelados.

«Las necesidades de las personas se han incrementado muchísimo en estos últimos años, primero porque el trastorno mental es un mal de la sociedad que va en aumento y lleva a la exclusión y a situaciones de vulnerabilidad; y en segundo, por el envejecimiento de la población y a que cada vez hay más personas mayores sin familia y sin cuidado que requieren una intervención urgente», explica Ana Zuazo Sáez, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores y vicepresidenta de la Fundación, cuyo patronato preside la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

Con el 57% varones y el 43% mujeres, casi cuatro de cada diez usuarios son aún relativamente jóvenes: el 38% tiene entre 18 y 40 años; el 36% de 41 a 64 años; el 13% de 65 a 85 años; y el 13% restante más de 85 años. Por diagnósticos, el 60 % padece una enfermedad mental grave (8 % patología dual: enfermedad mental más consumo de tóxicos), el 20 % deterioro cognitivo, el 15 % intelectual y 5% psíquica/sensorial.

«Cada usuario requiere una intervención personalizada en función de la complejidad de sus circunstancias personales, sociales, sanitarias, patrimoniales y judiciales», señala Amaya Domínguez, directora gerente de la Fundación, quien añade una variable más a la dificultad en la atención: «El 25% de nuestros usuarios adultos viven en sus domicilios y eso demanda mucho trabajo y esfuerzo, porque tienes que ir con ellos al supermercado, acompañamientos a los médicos y para que sigan el tratamiento para que estén ajustados, ir a comprar ropa u otros productos especiales porque no puedes dejarles dinero a ellos sin control, ayuda en caso de que haya averías en sus domicilios o electrodomésticos... cualquier cosa», señala para añadir a esa labor, el apoyo a las personas que optan por ir a una residencia y la atención a los menores tutelados.

«Hay de todo, hay quien se queja y protesta y otros que no. Nosotros lo que hacemos es ayudarles a gestionar su vida, y, claro, cuando existen dificultades para el manejo del dinero o para asumir tu enfermedad y para llevar el tratamiento, pues no es fácil. En la mayor parte de los casos esto viene impuesto por orden judicial y cuando no puedes elegir y no vas a un sitio voluntariamente, cuesta mucho», tercia Pilar Díaz, trabajadora social, quien defiende que «sin embargo, cuando empiezan a ver que su vida mejora, que se encuentran mejor, que tienen dinero para poder comer y pagar el alquiler, mejoran y la relación en general es buena».

«Nosotros tratamos de atenernos a sus gustos, a sus preferencias, porque no son las nuestras, evidentemente. Intentamos que ellos crezcan a nivel personal y que tomen sus decisiones, porque no son niños pequeños, sino que tienen que ir tomando sus decisiones, aunque con tus consejos», defiende la profesional.

«Ese es nuestro reto, ajustar ese equilibrio, porque la ley habla del derecho a equivocarse de las personas con discapacidad, sí, pero cuando hay una enfermedad mental... Algunos de nuestros usuarios querrían sacar el dinero el primer día que cobran y gastárselo al momento. Por eso nosotros tenemos que poner esos límites», tercia la directora gerente.

Junto al número de usuarios, la importancia de la labor de la entidad se ratifica en los datos de su área económica, que gestiona un volumen superior a los 22 millones de euros, entre cuentas corrientes de ahorro, imposiciones a plazo fijo, fondos de inversión, cuentas de valores, seguros de ahorro, planes de pensiones y rentas vitalicias. Además gestiona 308 bienes de naturaleza urbana y 710 bienes de naturaleza rústica propiedades de sus usuarios.

«El patrimonio de los usuarios es propio e individual, la Administración no se queda con nada, ni siquiera con la herencia cuando fallecen», aclara Ana Zuazo. «Nuestro papel es la búsqueda del beneficio de estos usuarios», defiende la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, quien añade que, «excepto con aquellas personas con las que no queda otro remedio que ingresarlas en centros o con los mayores con los que a veces hay que intervenir por orden judicial para trasladarlos a una residencia, con el resto se trabaja para promover la normalización y la integración social, para que vivan en la comunidad y en el entorno a través de los apoyos que necesitan».