Agricultura anima al viticultor a denunciar incumplimientos de la Ley de la Cadena
La consejería pone en marcha por primera vez una campaña de inspección en 14 bodegas pero sobre contratos formalizados en 2021
La Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja anunció ayer la puesta en marcha por primera vez de una campaña específica de control de bodegas para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria que, entre otras cosas, establece la obligatoriedad de que todas las entregas de uva se hagan con contrato, en el que se establezcan tanto los plazos de pago como los precios que, en principio, no pueden ser inferiores al coste de producción.
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En principio porque, a pesar de la claridad de la Ley de la Cadena tras su última reforma de finales del año pasado, la realidad es que las bodegas entregan a los viticultores contratos en los que estos últimos reconocen que los precios acordados satisfacen sus costes, lo que hace muy difícil probar que no llegan realmente a cubrir las inversiones ni los salarios de los agricultores.
Además, las inspecciones no serán en báscula sobre la presente vendimia, la de 2022, sino que los que se inspeccionarán son los contratos formalizados en 2021: «El plan tiene una duración anual, es decir del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, por lo que los contratos revisados se referirán a las campañas agrícolas 2021», explicó la directora general de Desarrollo Rural, Nuria Bazo.
Bazo señaló que la campaña de inspección ya está en marcha y que este año el sector del vino es el principal objetivo, con 14 de los 18 actuaciones de oficio que realizará su departamento de inspección hasta final de año: «El plan se completa con otras dos accciones en el sector del champiñón y otras dos en el de las congeladoras», aclaró.
La campaña es continuidad de la anterior que, a modo de experiencia piloto pero más reducida, la Consejería puso en marcha el año pasado y que se centró en el sectores del olivar, fruta de hueso y patata, sin que se formalizaran sanciones. Tampoco la directora general confirmó que se haya abierto algún expediente por inspecciones en bodegas hasta ahora -«habrá que esperar al final de la campaña para conocer los resultados»–, mientras que la consejera de Agricultura, Eva Hita, animó a los viticultores a denunciar de oficio supuestos incumplimientos de la Ley de la Cadena, garantizando el anonimato incluso en caso de un procedimiento judicial:«El compromiso es total y necesitamos una cadena de valor justa con todas las partes en un modelo vitivinícola además como es el de Rioja».
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La consejera recordó que La Rioja fue «pionera» en crear un observatorio de precios y también de las primeras en poner en marcha controles adicionales a los de la propia AICA para el cumplimiento de la ley: «La vendimia es el contexto preciso para hacer un llamamiento claro en favor de la sensibilidad y la concienciación por unos precios justos para la uva, teniendo en cuenta el significado y la relevancia socioeconómica que la viticultura tiene para nuestra región».
Las dirigentes de la Consejería recordaron también que las sanciones por recepcionar uvas sin contratoso sin indicación del precio son consideras muy graves, con multas desde 100.000 hasta 1 millón de euros.
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