«Estamos acojonados», afirman trabajadores del Museo

«Estamos acojonados», afirman trabajadores del Museo
Juan Marín

La Consejería abre expediente a toda la plantilla del Museo de La Rioja, incluida la directora | El secretario general técnico en funciones, en vísperas del cese del Gobierno, incoa un procedimiento informativo ante el cruce de denuncias por acoso entre trabajadores

J. Sainz
J. SAINZLogroño

«Estamos acojonados», han declarado esta mañana trabajadores del Museo de La Rioja. En vísperas del cese del Gobierno regional, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación ha abierto expediente informativo de carácter reservado a toda la plantilla del Museo, dieciséis empleados, incluida la directora, ante las acusaciones de acoso que vienen cruzando entre sí en los últimos meses.

Según confirman fuentes del Gobierno regional, la Consejería ha incoado un procedimiento administrativo de carácter reservado para esclarecer los hechos descritos por los propios trabajadores. Como se recordará, en marzo ocho empleados pedían amparo a la Secretaría Técnica porque se sentían atacados y vigilados por la nueva directora, María Eugenia Santos, y por otros compañeros. Posteriormente fueron estos otros trabajadores los que a su vez también pidieron amparo ante la Consejería.

En consecuencia, el Museo ha venido funcionando en las últimas semanas con una plantilla enfrentada en dos bandos. «Y ahora todavía peor», según ha podido saber este periódico a través de los propios trabajadores, que prefieren no hacer declaraciones públicas debido al carácter reservado del procedimiento. De hecho, la noticia aparecida hoy mismo en la prensa local ha sorprendido por ese carácter interno de la investigación y ha contribuido a tensar aún más el ambiente.

A principios de junio, la Secretaría Técnica comunicaba individualmente a cada trabajador la apertura del expediente mediante un escrito en el que también se interrogaba a cada empleado por su versión de los hechos. La situación, según una de las partes, ha derivado incluso en un «intento de agresiones», extremo que niega la otra parte.

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El Gobierno hasta ahora ha declinado ofrecer información sobre el caso. Tampoco hacen declaraciones ninguno de los responsables políticos: ni la consejera Leonor González Menorca, ni el director general de Turismo y Cultura, Eduardo Rodríguez Osés, ni el secretario general técnico, José Manuel Murillo, todos ellos en funciones. Tampoco la directora María Eugenia Santos. Entre los trabajadores y en fuentes sindicales ha sorprendido el hecho de que adopten esta decisión a pocos días de tener que cesar en el cargo debido al próximo cambio de Gobierno.

«Redistribución del trabajo»

Como se recordará, en marzo, cuando una parte de la plantilla pidió amparo a la Secretaría Técnica, el Gobierno negó que estuviera habiendo «trato arbitrario o discriminatorio» hacia el personal del Museo de La Rioja por parte de la Dirección: «Todo obedece a un intento de redistribución de las funciones, de las cargas de trabajo y los horarios que resulte acorde con la categoría de cada trabajador«, dijeron entonces.

Fue José Manuel Murillo, secretario general técnico de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, quien dio respuesta oficial a preguntas de este diario, que también intentó infructuosamente contactar con la directora del Museo y con el director general de Turismo y Cultura.

Murillo dijo que desde su departamento lamentaban la situación y quiso aclarar que «no existe ningún tipo de desacreditación hacia la plantilla« y que la mencionada redistribución del trabajo introducida desde la Dirección del Museo »no contraviene derechos de los trabajadores«, sino que tiende a equipararlos, así como sus obligaciones.

También sostuvo entonces que el Museo «pretende ofrecer mayor servicio y ampliar su franja horaria» de apertura al público y lamentó «haber tenido que contratar refuerzos externos».

Respecto a la solicitud de amparo firmada por ocho trabajadores, Murillo señaló que su Secretaría iba «a estudiar el escrito« y trataría de mediar para solucionar el conflicto.

Según los trabajadores, la directora había apercibido a uno de ellos «por insubordinación y amenazas», extremo que ellos han negado siempre. Murillo confirmó que, a instancias de la directora, la administración había puesto en marcha un proceso de resolución de conflictos a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Función Pública.

Hoy resulta evidente que aquellas medidas no dieron ningún resultado y, en la actual situción del Gobierno en funciones, esta última decisión de expedientar a toda la plantilla deja el asunto aún más enquistado al Gobierno entrante.