Abogados compuestos y sin licencia
Los aspirantes a letrado piden al Ministerio de Justicia que se les habilite sin tener que hacer un examen aplazado 'sine die' por el coronavirus
«Lo peor es la incertidumbre», explica Alba Jacoste, uno de los 6.000 alumnos de toda España, una veintena en La Rioja, admitidos para la convocatoria del examen obligatorio para, tras colegiarse, poder ejercer la abogacía.
Una prueba que debería haberse celebrado el pasado 28 de marzo pero que el coronavirus ha aplazado 'sine die' dejando en tierra de nadie a unos estudiantes que ya han completado el grado de Derecho, han concluido el correspondiente máster y se han quedado a las puertas de la prueba final que les habilite para trabajar.
El Ministerio de Justicia, de quien depende el máster y la evaluación, suspendió el pasado 10 de marzo y por el COVID-19 la cita de este año prevista para el 28 del mismo mes. La recomendación la hizo días antes el Ministerio de Sanidad debido a las dimensiones que estaba adquiriendo la incidencia el virus.
Los estudiantes plantean otra opción: que la prueba se realice en todas las comunidades y no solo en las ocho sedes habituales
La prueba consiste en 75 preguntas tipo test «de materias que hemos dado a lo largo de la carrera y del máster que no nos aportan nada nuevo», señala Jacoste, para quien «este examen es un mero trámite burocrático» que se introdujo en el 2011 para, en su opinión, «limitar el acceso a esta profesión». El nuevo sistema no estuvo exento de polémica.
La paralización de la prueba ha generado malestar entre los aspirantes, que ya han reclamado al Ministerio de Justicia que se pronuncie y les dé una solución. Los estudiantes, explica Jacoste, han planteado tres posibilidades al departamento que dirige Juan Carlos Campo. La primera, que les exoneren de hacer el examen teniendo en cuenta estas circunstancias excepcionales. En segundo lugar, y teniendo en cuenta que el examen se hace en ocho sedes repartidas por otras tantas regiones –los riojanos acuden a Madrid–, proponen que se celebre de manera presencial en cada comunidad autónoma. De hecho, «si fuera en La Rioja el número de aspirantes sería mucho menor –una veintena– y entonces no tendríamos ese contacto y se minimizaría el riesgo».
La última opción, aunque la más improbable, es examinarse de manera telemática, «pero esto es bastante complicado porque cómo van a controlar a 6.000 personas en toda España», precisa.
Los futuros abogados critican la situación de incertidumbre en la que se encuentran porque «solo por un examen no podemos empezar a trabajar», y tienen que seguir estudiando sin saber cuándo tendrán que ser evaluados.
El Ministerio de Justicia ya se ha pronunciado sobre la propuesta de los letrados recordándoles que es la cartera de Sanidad la que marca las pautas de actuación.
En estos momentos, señalan, se barajan todas las posibilidades cuando se decrete el levantamiento del estado de alarma y anuncian que, en cuanto haya alguna novedad, lo comunicarán y se le dará la publicidad necesaria para que los estudiantes tengan conocimiento de ella.
